La ministra de Sanidad, en un gesto más de su interminable capacidad de contraponer aliados, quiere poner en un brete a los médicos que elijan si quieren trabajar en la sanidad pública o en la privada porque lo ve incompatible. Y la nueva ocurrencia es un relato sacado de un tebeo: ¿te gusta más la Coca-Cola o la Pepsi?
Es decir, la ministra del ramo compara la sanidad con los refrescos para hacerse entender por el ciudadano, mientras el sector empresarial y profesional asiste impávido a la aguda gracieta. Más allá del ingenio ministerial, la salud de los ciudadanos es un propósito común de todos los que nos dedicamos a la medicina y no un conflicto de intereses de los responsables de la sanidad pública.
Plantear que los jefes de servicio no pueden ejercer en la privada porque "nadie se imagina que alguien pueda trabajar en Coca-Cola y en Pepsi a la vez" parte de una premisa errónea: que la sanidad pública y la privada son competidoras irreconciliables. La realidad es bien distinta y debería caminar precisamente en dirección opuesta si lo que nos preocupa es el bien común de todos los ciudadanos. De hecho, lo que faltan son más puentes de colaboración para arreglar los problemas estructurales del sistema, con las insoportables listas de espera en la cúspide de todos ellos.
La medida propuesta por la ministra (los jefes sanitarios de servicio que trabajen en la pública no lo podrán hacer en la privada) no arreglaría nada y podría ser, en realidad, perjudicial. Por ello, desde el sector empresarial le pedimos un debate sereno y constructivo sobre la regulación del ejercicio simultáneo en lo público y lo privado para que al final el principal beneficiario sea, como siempre debe ser, el paciente.
La criminalización del colectivo profesional representado por los jefes de servicio es caprichosa, generalizante y sin sustento real. La verdad es que muchos profesionales trabajan en ambos ámbitos sin que ello implique una merma en la calidad de su trabajo.
El verdadero problema del sistema sanitario no es la compatibilidad de los jefes de servicio con la actividad privada, sino la falta de profesionales. Este es el punto neurálgico que debería estar en el centro del debate. El sistema sanitario en su conjunto sufre una escasez crónica de médicos y enfermeros y una sobrecarga asistencial insostenible. Y aquí es donde la colaboración con la sanidad privada no solo es conveniente, sino necesaria.
Si se restringe a los profesionales públicos la posibilidad de trabajar en la privada, lo único que se conseguirá es que tengan que decidir y optar por una de ellas y, créanme, lo que podría parecer obvio no está en la mente de tantos. Prohibir la compatibilidad laboral a los jefes de servicio desmotivará a los profesionales más capacitados para asumir el cargo, una consecuencia claramente contraproducente. Además, el sistema público necesita derivar pacientes a la privada por falta de recursos o por la saturación de las listas de espera, como punto de fuga, y en tal caso se encontrará con una lucha fraticida por los insuficientes especialistas disponibles.
Se puede y se debe regular la compatibilidad entre la sanidad pública y la privada, pero sin caer en medidas que pongan en riesgo el equilibrio del sistema. Asumir que los responsables sanitarios que trabajan en ambos ámbitos tienen un conflicto de interés implícito es poner en duda su profesionalidad y su ética.
Por otro lado, la compatibilidad laboral está regulada por una normativa estatal y depende de la jurisdicción de otro ministerio, lo que añade complejidad al debate y podría generar conflictos de competencias.
Más que banalizar entre célebres marcas de refrescos de cola, lo que la sanidad necesita es una estrategia conjunta para fortalecer la estructura del sistema. Se requiere una planificación seria que aborde la escasez de profesionales y que establezca mecanismos eficaces de colaboración con la privada. Y, sobre todo, que deje a un lado la trinchera ideológica para centrarse en lo único que de verdad importa: los pacientes.
La ministra ha dicho que "el debate está abierto". Esperemos que, en ese debate, el enfoque no sea dividir, sino aunar esfuerzos por el bien común, es decir, para que todos los ciudadanos tengan acceso a una atención sanitaria ágil, de calidad y sostenible a largo plazo. La sanidad es un derecho constitucional no una elección entre marcas de cola. Pedimos a la ministra seriedad y un debate sereno pero riguroso.
