Madrid
El Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Salud de las distintas autonomías han presentado el primer informe sobre profesionales dedicados a la salud pública. Revela que en 2022 había una plantilla compuesta por 8.583 profesionales. Además, estaban cubiertas el 95,2% de las plazas con variaciones entre las comunidades autónomas.
Estos profesionales están divididos en ocho áreas principales. Casi la mitad de ellos trabajan en la parte de seguridad alimentaria, el 14% en el ámbito de salud ambiental y el 8% en vigilancia epidemiológica. También el 6% en medicina preventiva en hospitales, el 5% en prevención de enfermedades y el 4% en promoción y educación para la salud. El resto se dedican a otras funciones.
Se observa que se produce un efecto de economía de escala en todas las áreas, a excepción de la del área preventiva. En otras palabras, la ratio de profesionales por 100.000 habitantes disminuye a medida que crece el censo o el tamaño de las regiones. Esta conclusión imposibilita el establecimiento de una ratio común para todas las autonomías, haciendo necesaria una ratio específica para cada una, ajustada a su censo o superficie. El informe proporciona estas ratios ajustadas para facilitar la comparación entre las comunidades.
También destaca la influencia del territorio en ciertas áreas. Y es que, el censo influye significativamente en la ratio de profesionales dedicados a la atención a la comunidad, es decir, en la vigilancia epidemiológica, prevención y promoción de la salud, entre otros; mientras que la superficie de las autonomías provoca un mayor impacto en la seguridad alimentaria y la salud ambiental debido a las funciones de inspección y control oficial que estos profesionales realizan sobre el terreno.
Este estudio responde a los compromisos del ministerio en la declaración de Zaragoza. Se trata de "un acuerdo clave para impulsar una política de recursos humanos coordinada a nivel nacional en este ámbito", indica el departamento de Mónica García.
Según Sanidad, este informe representa "un punto de partida fundamental" para que los gestores sanitarios puedan extraer conclusiones y, en consecuencia, mejorar la dimensión de las plantillas de los trabajadores de salud pública. "Si bien no analiza las diferencias entre CCAA por cargas de trabajo, tareas asignadas o recursos de apoyo, sí proporciona una base sólida para la toma de decisiones", apunta.