En paralelo al giro copernicano que anuncian la práctica totalidad de las encuestas de intención de voto, la moción de censura que los ciudadanos de Madrid hicieron el 4-M a Sánchez y al sanchismo se extiende ya por toda España y entre los poderes económicos, en forma de desautorización a un gobierno que ha perdido la confianza y la credibilidad de una sociedad en la que se empieza a generalizar esa sensación de hartazgo que precede a los cambios de ciclo.
El rechazo mayoritario de la ciudadanía a la decisión del Ministerio de Sanidad de sustituir la segunda dosis de la vacuna de AstraZeneca por Pfizer contraria a lo que indican los prospectos y recomienda la Agencia Europea del Medicamento es un fiel reflejo de esa desafección social que se suma a la indignación generalizada por la decisión de la factoría Sánchez&Redondo de indultar a los golpistas catalanes del 1-O pensando únicamente en su supervivencia y en contra de la Fiscalía, del Tribunal Supremo, de la lógica procesal y de los intereses de España y de los españoles.
Y en el mundo de la economía y de la empresa, después del boicot de los grandes del Ibex y la CEOE a Sánchez en el show del Plan 2050, la semana pasada asistimos al rejonazo en todo lo alto que el Consejo de Administración de Indra dio al jefe del Gobierno al aprobar el relevo en la presidencia de Fernando Abril-Martorell por el amigo catalán de La Moncloa, Marc Murtra, pero retirándole todos los poderes ejecutivos estimando que carece de la aptitud de su antecesor para ocupar el cargo.
Un relevo impuesto, injustificado e injustificable, que ha provocado una caída del 4,76 por ciento en la cotización de la compañía tecnológica en solo una semana, equivalente a todo lo que había ganado durante el presente año.
Y esto ocurría en España el mismo día en que el primer ministro italiano, Mario Draghi, daba una nueva lección de coherencia, sensatez, sentido del Estado y democracia al nombrar al vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI), Darío Scannapieco, nuevo presidente de la Cassa Depositi e Prestiti (CDP), una sociedad pública mezcla de la SEPI y el ICO españoles, en sustitución de Fabrizio Romano nombrada por el ejecutivo precedente y próximo al Movimiento Cinco Estrellas.
Es decir, cambia a un político por un profesional de prestigio, con conocimiento y experiencia en las instituciones financieras de la UE y sin adscripción partidaria conocida. Y lo hace para gestionar con la mayor profesionalidad, criterio e imparcialidad los fondos europeos de Reconstrucción, de los que Italia es junto a España la mayor receptora de los dineros aprobados, y en cuya gestión la CDP va a tener un papel predominante.
Y no es este el primer paso en la despolitización del sector público empresarial que ha hecho Draghi, porque al hilo de este relevo en la CDP los medios de comunicación recordaban que semanas antes el Ejecutivo italiano había relevado presidente de la empresa estatal de ferrocarriles FSI, Giancarlo Battisti, por Luigi Ferraris, otro profesional de la economía y de la empresa, que presidía el Grupo Terna y había sido director de la energética Enel.
Aunque dicen que las comparaciones son odiosas, también son reveladoras, y mientras esto pasa en Italia en España hay más de treinta políticos y ex altos cargos que presiden o son miembros de los consejos de administración de empresas participadas por el Estado, entre ellas algunas tan destacadas como AENA, Correos, Hispasat, Red Eléctrica, Renfe, Enusa o Paradores. Todos ellos con sueldos de entre 100.000 y 215.000 euros anuales. Todo un ejemplo de política social.
Entre estos sueldos no se incluyen los de los altos cargos de la Presidencia del Gobierno con Iván Redondo al frente. Ese asesor áulico que, dijo, se tiraría de un barranco si Pedro Sánchez se tirara ignorando que la obligación de un buen asesor no es arrojarse al barranco siguiendo al jefe, sino evitar que se tire el Presidente y que con él nos estrellemos el resto de los ciudadanos. Es un consejo, por si le interesa.
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