Italia es el país más beneficiado por el plan de recuperación europeo. Es también el país que más se endeudará para salir de la crisis: el plan transalpino asciende a 221.500 millones de euros, 191.000 millones procedentes de Europa (con 122.000 millones de préstamos financiados por deuda comunitaria) y 30.500 millones de nueva deuda nacional. Para la economía italiana se trata de una ocasión única: el país transalpino lleva dos décadas cojeando e incluso antes de la pandemia era el que menos había crecido en Europa. Según datos de Bloomberg entre 1999 y 2019 el PIB italiano creció un 7% comparado con un progreso de entre el 30 y el 45% por ciento de las otras grande economías de la eurozona, Alemania, Francia y España. Al mismo tiempo la productividad, que aumentó en todas las economías europeas desde el nacimiento del euro, cayó en Italia un 6,2%.
Por esto los transalpinos se han preparado para el plan de recuperación como si se tratara de una emergencia nacional. En enero pasado el Gobierno de Giuseppe Conte, apoyado por partidos socialdemócratas y por el populista Movimiento 5 Estrellas entró en crisis. En vez de ir a elecciones anticipadas, Conte fue sustituido por Mario Draghi, antiguo presidente del BCE que formó un Ejecutivo apoyado por casi todos los partidos italianos (con la excepción del post-fascista Hermanos de Italia) con el objetivo de sacar a Italia del atolladero.
Los eurobonos que financiarán el plan de recuperación, son una petición histórica del país transalpino que, aplastado por una deuda que roza el 160 por ciento del PIB, empuja para una puesta en común de la deuda a nivel continental. La misión del ex presidente del BCE es garantizar a Bruselas que Roma empleará bien ese dinero.
El paso atrás de los partidos
Draghi, a 100 días de la toma de posesión sigue siendo tratado - por la política y por la opinión pública - como un salvador de la nación, más que como un primer ministro. El banquero al formar su Ejecutivo tomó las decisiones cruciales en solitario, la única manera para gobernar una mayoría parlamentaria tan heterogénea. Al mismo tiempo Draghi evitó el error de algunos de sus antecesores: el nuevo Ejecutivo no es un gabinete tecnócrata de profesores y expertos, como fue el de Mario Monti en 2011, sino que está integrado por políticos de primer nivel para que los diferentes partidos se comprometan en la agenda de reformas.
Como ayuda Draghi ha designado un puñado de personas de confianza: Daniele Franco, el titular de Economía viene del banco central italiano; Roberto Cingolani, ministro de Transición Ecológica (uno de los sectores más beneficiados por el plan) y antiguo director del Instituto Italiano de Tecnología; el titular de Innovación tecnológica es Vittorio Colao, ex consejero delegado de Vodafone; Enrico Giovannini, ex presidente del Instituto nacional de Estadística, se encarga de las Infraestructuras; la presidente saliente del Tribunal Constitucional Marta Cartabia tiene la cartera de Justicia. Además el primer ministro acaba de nombrar Dario Scannapieco vicepresidente del Banco Europeo de Inversiones (BEI) como consejero delegado de CDP, el banco público italiano que será crucial para la realización del plan de recuperación.
Tras presentar el plan a Bruselas, ahora el Gobierno italiano tiene que meter mano a las reformas: acelerar la Justicia civil para atraer inversiones; agilizar las contratas para evitar que la burocracia paralice la realización de nuevas infraestructuras; revolucionar y digitalizar las administraciones públicas; simplificar y reducir la carga tributaria.
Un plan contrarreloj
Para cada uno de estos temas los partidos de la mayoría -que van de la izquierda socialdemócrata a la extrema derecha- tienen posiciones distintas y hasta opuestas. Durante la última semana por ejemplo, el progresista Partido Demócrata pidió una prórroga del bloqueo de los despidos impuesto durante la pandemia y una subida del impuesto de herencia; la derechista Liga, en cambio, defendió una reducción de impuestos y denunciò que una mayoría integrada por la izquierda no puede hacer reformas radicales.
Draghi una vez más impuso su método: escuchar todos y decidir él solo. Su objetivo es avanzar en algunas reformas que el país lleva años esperando y que no se pudieron realizar por la crónica situación de parálisis política.
El suyo es un malabarismo entre la crisis de un país que ya ha cambiado tres Gobiernos desde las generales de 2018 y una apretadisima agenda de reformas. El primer ministro no tiene demasiado tiempo. La legislatura termina en la primavera de 2023. Pero en enero de 2022 el país tiene una cita crucial: la elección del nuevo presidente de la República, el árbitro de la ajetreada política transalpina. Entre las filas de los partidos - sobre todo de la derecha que lidera las encuestas - mucho aseguran que Draghi sería el candidato ideal para la Jefatura del Estado. Por un lado podría ser una jugada perfecta para quitarse de en medio una figura tan engorrosa y volver a elecciones; por el otro la elección del banquero a la presidencia de la República sería la mejor manera para asegurar la continuidad del plan de reformas más allá de 2023. En Italia el mandato presidencial dura 7 años: Draghi permanecería en el cargo durante todo el periodo de aplicación del Plan de recuperación desempeñando un papel fundamental. A pesar de que el Jefe de Estado transalpino no tiene poder ejecutivo, sería el garante frente a Bruselas de que Italia puede ganarse la confianza -y sobre todo el dinero- de los demás países europeos.
Los primeros pasos
La semana pasada el Gobierno de Mario Draghi empezó el recorrido de las reformas relacionadas con el plan de recuperación. El primer paso fue meter mano al código de contratas públicas. Italia, según datos del Gobierno transalpino, es uno de los países más lentos de Europa a la hora de realizar infraestructuras: por culpa de la burocracia una obra pública de 100 millones de euros necesita un promedio de hasta 14 años entre licitaciones, disputas judiciales y controles. Se trata de tiempos incompatibles con el plan europeo que financiará sólo aquellas obras que se realizarán dentro de los próximos 5 años. Italia en este campo busca el difícil equilibro de agilizar las obras (eliminando la burocracia) y mantener los controles para evitar el peligro de infiltración de la mafia, muy presente en el sector de la construcción.
Otra paso es la reforma judicial, con el objetivo de atraer más inversiones. Según datos del Consejo de Europa en el país transalpino un juicio civil dura en media 2655 días, frente a los 1238 días de España.
