Llevamos años, quizá desde el mismo día que se aprobó la Constitución española en 1978, hablando de reformas fiscales y de financiaciones autonómicas e implantándolas, aunque siempre con vida más o menos efímera. Lo digo así en plural, porque tras una reforma fiscal al poco tiempo se anuncia el estudio de otra y cuando parece que el puzle de la financiación autonómica se solventa, se reabre el debate.
Y es que todos quieren más. Hacienda quiere más dinero, las Comunidades más recursos, y cuando salta a la palestra, otra vez, lo de llevar a cabo una reforma fiscal y proponer las bases para ajustar la financiación autonómica, ya nos olemos lo peor: se masca una subida de impuestos. Por supuesto, si unos quieren más, otros tendrán menos. Estados versus ciudadanía.
Si además se menciona a Europa, se insiste en los estándares de presión fiscal europea y que la nuestra está por debajo, ya podemos prepararnos. Y si por añadidura el Fondo Monetario Internacional se despacha a gusto hablando de que hay que subir impuestos y, en concreto, Sociedades y Patrimonio, aquí, en España, a las pocas horas se recoge el guante y ya se lía el asunto.
Si todo ello se remacha con una comisión de expertos, con el debido respeto que merecen sus prestigiosos integrantes, nuestra suerte está echada. Así que para 2022 se prevén palos en el Impuesto sobre Sociedades y golpazos para los impuestos que gravan la riqueza y el patrimonio, con el de Sucesiones también como oscuro objeto del deseo. La ocasión la pintan calva para revisar deducciones y bonificaciones fiscales, en román paladino, para su supresión y, cómo no, para reajustar tipos del IVA. ¡Nadie ni nada está a salvo!
La lectura, a la sazón, es de lo más amplia en cuanto al surtido de impuestos que podría verse afectado, obviamente al alza, en 2022. Y aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, pues, nada, que se cercene a la rebelde Comunidad de Madrid para que ceje en sus serenas políticas impositivas que propulsan la economía. Y no sería de extrañar que, por demás, tal coyuntura se aprovechara para incrementar cotizaciones sociales.
De ese modo se encarecería la contratación, poniendo más escollos a la creación de empleo. Si el asunto laboral se sazona con aumentos en las bases de cotización máximas - lo cual es un acicate para que perceptores de rentas altas emigren allende nuestras fronteras -, subida del salario mínimo y, de remate, con jornadas semanales de cuatro días, cuando para remediar el trance actual de lo que se trata es de picar más piedra para que la economía española remonte, estamos listos.
En 2022 posiblemente nuestra economía empiece a arrancar y desde luego no será el momento adecuado para subidas de impuestos. Para acometer cualquier reforma fiscal hay que aguardar a que se coja la velocidad de crucero, a que se reconstruya lo destruido, a que se reduzca la tasa de paro y a que nuestras empresas inicien una navegación por aguas más pacíficas que éstas. Pregonar ahora subidas de impuestos al calor de reformas fiscales y reajustes en la financiación autonómica no es desde luego lo más apropiado porque suena a amenazas de más percusiones fiscales.
En 2011 los españoles entre impuestos y cotizaciones sociales pagamos 350.000 millones de euros. En 2019, 438.000 millones. En 2020, con la crisis, 418.000 millones. Y para 2021 se prevé que satisfagamos 451.000 millones, 101.000 millones de euros más que en 2011. El aumento de los impuestos aprieta más que la evolución de nuestro PIB.
Por cierto, independientemente de reformas fiscales y financiaciones autonómicas, no estaría de más proponer la creación de una comisión de expertos para reducir el voluminoso gasto público que se multiplica como los panes y los peces.
