La pandemia ha magnificado, a escala mundial, los problemas estructurales y ha acelerado un fin de época que ya veníamos percibiendo. Estamos abocados a una transformación integral: desde el ámbito particular al modo de entender las relaciones comerciales, las económico-sociales, geopolíticas y político-institucionales. De esta coyuntura no escapa Latinoamérica, que tiene ante sí tres grandes retos: regresar al crecimiento económico, asegurar un desarrollo inclusivo y sostenible -social y medioambientalmente- y forjar una gobernanza eficiente.
En estos tres ámbitos, el sector privado y, en especial, las alianzas público-privadas están llamadas a tener un rol protagónico. Como no se cansa de repetir la secretaria general iberoamericana, Rebeca Grynspan, en un momento en el que Latinoamérica sufre su mayor crisis histórica, es más imperativa que nunca la colaboración entre administraciones públicas y sector privado para la recuperación de la región.
En ello coinciden los empresarios iberoamericanos, notablemente en aspectos clave para el desarrollo como infraestructuras y energía: en julio de 2020, en plena emergencia de la pandemia, desde SEGIB y el Consejo Empresarial Alianza por Iberoamérica (CEAPI), se destacaba la necesidad de una mayor colaboración público-privada para evitar que el zarpazo económico y social demoledor del Covid se convirtiera en crisis de largo plazo en una región que en 2020 sufrió la peor caída del PIB desde que hay registros (-7,4%) y generara un enorme aumento de la pobreza, la desigualdad, el paro y la deuda.
En el informe 'El papel del sector privado en la pandemia: ideas para el debate", ambos organismos destacábamos la urgencia de esa cooperación, la llegada del "momento de la verdad de la colaboración público-privada". Una cooperación que debe entenderse más allá de una mera alianza para construir infraestructuras, porque necesitamos la capacidad de aportar ideas y proyectos para adoptar las decisiones adecuadas sobre dónde deben apostar países y empresas, y precisamos un nuevo pacto social en la Comunidad Iberoamericana. Es algo, además, que se analizará este mes de mayo en el IV Congreso CEAPI, dedicado en esta ocasión a 'Transformación e Impacto social: las mejores empresas para el planeta'.
Iberoamérica necesita crecer económicamente de forma sólida y continuada. "El gran problema de América Latina es que no crece, y sin crecimiento no hay futuro". Estas palabras de José Juan Ruiz, presidente del Real Instituto Elcano, señalan el gran problema estructural que padece la región. El anémico, e incluso negativo, crecimiento que lastra a la región desde 2013 hace urgente la transformación de su matriz productiva y económica. En este proceso, el papel del empresariado es clave: es un actor sin el cual el nuevo modelo o no se podrá completar o nacería con importantes deficiencias y sería, a la larga, inviable. Ahí es donde entran en juego las alianzas público-privadas, que están convocadas a liderar el diseño de esa nueva matriz económica apoyada en la tecnología y en el respeto al medio ambiente, pilares desde los que construir sociedades inclusivas (digitalizadas y menos desiguales) capaces de canalizar y dar respuestas a las expectativas de mejora individual e intergeneracional.
Las perspectivas económicas muestran que la región va a experimentar una recuperación en 2021, pero que va a ser insuficiente y que va a estar por debajo de la media mundial. En 2022 volverían a salir a la luz los síntomas de lento crecimiento que se repiten desde hace siete años, debido a la persistencia de problemas estructurales (baja productividad, escaso valor añadido de unas exportaciones poco diversificadas). Hasta 2025 no se recuperará el PIB per cápita, más tarde que en otras partes del mundo. Rebeca Grynspan ha alertado ya de que "acecha la posibilidad de otra década perdida en lo económico y de dos décadas en lo social, y hay que evitarlo a toda costa".
Por esto, la primera gran transformación a acometer es la de la matriz productiva para construir economías más productivas y competitivas, respetuosas con el entorno, vinculadas a la actual revolución tecnológica mundial, basadas en la innovación y en exportaciones diversificadas con valor añadido y vinculadas con las grandes cadenas de valor internacional. Este cambio de modelo implica una nueva mentalidad: no se trata de hacer la transformación ni contra el Estado ni contra el empresariado, sino construyendo potentes alianzas. El caduco debate "público vs privado" no tiene ya sentido en el actual contexto, y menos tras la pandemia. La apuesta es por lo público en coordinación con lo privado para impulsar ese gran cambio.
Forjar una gobernanza eficiente es uno de los grandes retos del continente
Una parte de esa gran transformación pasa por mejorar el capital humano (educación), físico (infraestructuras y logística) para no quedar al margen de la IV Revolución Industrial. Instituciones como CAF llevan lustros apuntando que Latam debería duplicar su inversión en infraestructura (del actual 2,5% al 6%), porque esa insuficiencia explica el bajo crecimiento desde 2013 y, sobre todo, los problemas de desarrollo. Y dado que los estados latinoamericanos arrastran históricas limitaciones financieras y humanas, la inversión privada en infraestructuras, mediante alianzas público-privadas, es vital para afrontar el reto.
Además, unas políticas públicas eficaces y eficientes pasan por promover la inversión privada en sectores dinamizadores, estratégicos y, sobre todo, generadores de empleo de calidad. Por ejemplo, la energía renovable, la economía circular (donde Cepal ve la posibilidad de crear casi medio millón de empleos), la digitalización, la bioeconomía, el turismo 5.0 y todo lo relacionado con la sociedad del cuidado.
Para promover semejante cambio productivo se requiere contar con un capital humano bien formado. Y por eso, en el ámbito educativo, una alianza entre el sector público, el privado y el ámbito académico se alza como una palanca de desarrollo en donde dar a las nuevas generaciones las herramientas necesarias para vincularse a la actual revolución tecnológica. Por otro lado, invertir en capital humano implica promover que las grandes empresas y las pymes se digitalicen, así como incentivar la formalización laboral en una región donde entre el 50% y el 70% de los trabajadores lo hacen en la informalidad (trabajo poco tecnologizado, poco competitivo y productivo).
Iberoamérica necesita crecer económicamente de forma sólida y continuada
El papel de las empresas va a ser clave en el diseño del nuevo contrato social, la argamasa para cohesionar a las sociedades. Un nuevo pacto para construir sociedades inclusivas y sostenibles, con estados eficientes con capacidad para dar respuesta eficaz a las demandas sociales. Un nuevo pacto social que debe surgir del diálogo entre los diferentes sectores de la sociedad y que implica sacrificios en pos del beneficio colectivo. Reformas fiscales que aumenten la base impositiva y acaben con situaciones de privilegio y exenciones y, a la vez, supongan la creación de un marco jurídico estable que ampare la seguridad jurídica de las inversiones.
En este contexto, las alianzas público-privadas se alzan como claves no solo para desencadenar el cambio de la matriz productiva, contribuir a la modernización de las administraciones públicas, sino para construir ese gran pacto social que comprometa a empresas, administraciones públicas y agentes de la sociedad civil. Iberoamérica necesita muchas mayores alianzas público-privadas, pero también mejor institucionalidad y una mejor participación estatal y pública. Y también para construir puentes en una época de polarización. Son piedra angular para propiciar entendimientos y amplios consensos como antídoto frente al ascenso de populismos y demagogia. La actual situación presenta unos retos que reclaman absolutamente toda la energía coordinada de responsables políticos e iniciativa privada.
Entidades
