La pandemia provocada por el SARS-CoV-2 ha impactado en todo el mundo. Sin embargo, América Latina ha sido una de las regiones del planeta más afectadas por el virus debido a una serie de cuestiones interrelacionadas, como su escasa capacidad de maniobra fiscal y económica, la debilidad de sus sistemas de salud, la fragilidad de sus administraciones públicas, la informalidad y la desigualdad. Con algo más del 8% de la población mundial, sus contagios llegan al 20% y los fallecidos al 30% del total global.
La contracción económica provocada por el coronavirus supondrá una caída media del PIB regional del 7,7%, el cierre de casi tres millones de empresas y un fuerte incremento del desempleo, que ya está afectando principalmente a jóvenes y mujeres. En este contexto, las previsiones de recuperar los niveles de actividad precrisis a fines de 2021 parecen concretarse para buena parte de la región, aunque en algunos países, como Argentina y Ecuador, los pronósticos no son muy halagüeños, sino más bien todo lo contrario.
Al mismo tiempo, el coronavirus ha tenido consecuencias sociales devastadoras. Los sectores sociales que en los años de bonanza se habían sumado a las clases medias han demostrado ser muy vulnerables. De este modo, se puede constatar un retroceso de 12 años en los niveles de pobreza y de 20 en los de pobreza extrema. Si bien estas variables ya habían comenzado a retroceder entre 2014 y 2019, las cifras de 2020 fueron aun más contundentes.
En el quinquenio mencionado la pobreza se incrementó en 25 millones de latinoamericanos (pasando de 162 a 187 millones), mientras que la extrema pobreza creció en un millón de personas (de 46 a 47 millones). Pero, y el dato es sumamente revelador, solo en 2020 se sumaron 22 millones de pobres, lo que nos da una idea de la brutal hecatombe generada por el COVID-19.
Ahora bien, sus efectos van mucho más allá, debido a la frustración acumulada y la falta de expectativas de las nuevas generaciones. Esto podría tener serias repercusiones políticas y convertirse en una grave amenaza para la estabilidad de las democracias regionales. Pero, la pandemia solo afloró, agravó o aceleró tendencias previamente existentes, como la fragmentación de los partidos políticos, la crispación y la polarización, la deriva autoritaria de muchos países, la persistencia de los populismos, la desafección popular con la democracia o la baja confianza en los partidos políticos y los parlamentos, entre muchas otras.
Buena prueba de ello fueron las protestas de 2019, que en algunos casos alcanzaron niveles de violencia sin precedentes cercanos. Pese a que la pandemia, con sus confinamientos y la necesidad de mantener la distancia de seguridad, redujo la intensidad y la cantidad de las manifestaciones callejeras, estas reaparecieron en distintos países y distintos momentos de 2020.
El intenso calendario electoral que afronta la región entre 2021 y 2024, cuando todos los países latinoamericanos, salvo Bolivia y Cuba, están convocados a elecciones presidenciales (más otro cúmulo de comicios de distinto tipo) será otro de los grandes condicionantes de los procesos de reconstrucción pospandemia. Sin duda alguna sus resultados reconfigurarán el reparto de poder en el continente y alterará los equilibrios regionales, aunque de momento no se sepa ni hacia dónde ni en qué grado.
Se corre el peligro de que la relativa estabilidad política de los últimos 40 años finalice
En la actualidad ha comenzado a discutirse en América Latina en torno a la necesidad de reformular los contratos sociales existentes. Con independencia de la denominación que se quiera adoptar, lo cierto es que se necesitan amplios pactos y consensos para impulsar las necesarias reformas estructurales que permitan salir de una situación sumamente problemática. De no hacerlo, se corre el peligro de que la relativa estabilidad política de las últimas cuatro décadas salte por los aires.
Sin esos pactos es bastante seguro que los reclamos populares vuelvan a las calles y que se intensifiquen las protestas. La sensación de captura del estado y de sus principales instituciones y rentas, junto a la percepción de la corrupción, está cada vez más extendida entre la opinión pública. Con ella, la idea de que unos cuantos grupos poderosos, formados por gobernantes, políticos, empresarios y sindicalistas, se apropian del dinero público en su propio provecho, impidiendo que contribuya al bienestar general.
Hasta ahora, el sentimiento dominante en las sociedades latinoamericanas es que la democracia es el mejor sistema posible. De forma mayoritaria, quienes salieron a protestar en los últimos años demandaban respuestas y soluciones democráticas: más y mejores instituciones, más transparencia, más libertades y mayor acceso a servicios públicos de calidad. Pero en situaciones de emergencia como la actual los seres humanos solemos ser más volubles y todo puede cambiar rápidamente, especialmente tras el tendal de víctimas presentes y futuras que está y seguirá dejando la pandemia.
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