"Los impuestos son el precio que pagamos por la Civilización. En la selva no existen", Oliver Wendell Holmes. Es una cita muy repetida, pero hoy en 2021 con la pandemia del Coronavirus haciendo estragos, es probablemente más cierta que nunca. De las peores consecuencias de la pandemia sólo nos protegen las normas de higiene, las restricciones y nuestro sistema sanitario. Es probable y muy deseable que en unos meses también nos protejan las vacunas.
De alguna forma, en esta pandemia nos protege la civilización, que va desde los sanitarios y los policías hasta las infraestructuras. Y todo esto tiene un precio, como lo tienen también las vacunas. Incluso en el caso de las vacunas, sólo acabaremos con la pandemia cuando se vacune casi toda la población, tenga o no recursos no ya para pagar la dosis, sino también para su transporte, almacenamiento (en muchos casos a ochenta grados bajo cero) e inoculación. Todo esto es civilización y se paga con impuestos.
Estamos hablando de solidaridad, pero también en una situación límite de supervivencia colectiva. Por eso, que, en estas circunstancias, algunos referentes sociales opten por buscar una nueva residencia fiscal en territorios de baja o nula tributación resulta preocupante. Y que esto ocurra ahora con varios "youtubers", es decir personas que se ganan la vida subiendo vídeos a las redes sociales no es una novedad, pero sí revela nuevos problemas.
Efectivamente, esta conducta, en sí misma, no es fraudulenta. Un ciudadano escoge donde quiere vivir, y allí donde vive paga sus impuestos. Lo que es un fraude es falsificar la residencia donde realmente se vive para pagar menos impuestos. Ahora bien, que una conducta de un personaje público, que además la publicita, no sea fraudulenta no significa que no pueda ser criticable. Se puede ser solidario, y también insolidario, sin violar normas imperativas.
De alguna forma, estos casos de youtubers tienen un cierto paralelismo con el de algunos deportistas. Sin embargo, esta situación es más problemática. Es cierto que ambos, tanto los nuevos referentes de los jóvenes en las redes digitales, como los deportistas de élite son referentes, especialmente de la juventud. Y la juventud es el futuro. Como señalaba Woody Allen, me interesa el futuro porque es el lugar donde voy a pasar el resto de mis días. Por eso la educación es tan relevante porque condiciona, para bien o para mal, nuestro futuro individual y colectivo.
Es más fácil que un joven actual se vea representado en su youtuber o influencer favorito que en un deportista de élite. Pero un problema añadido, además, es que la conducta es más sencilla de imitar. Así, ceder de forma simulada derechos de imagen a través de sociedades radicadas en paraísos fiscales es una conducta fraudulenta, sí, pero al alcance de muy pocos. Sin embargo, localizar ficticiamente la residencia en un país vecino es bastante más sencillo. Si a este hecho le añadimos que las nuevas tecnologías permiten trabajar a distancia desde cualquier lugar, estas facilidades para eludir o evadir las obligaciones fiscales aumentan.
Debemos impedir y no aplaudir que algunos tributen en antiguos paraísos fiscales
Se puede estar en desacuerdo con muchas cosas: la distribución del gasto público, la actuación de los políticos, o el nivel y reparto de los impuestos. Sin embargo, algunas actitudes no son una muestra de desacuerdo con cuestiones concretas, sino simplemente una enmienda a la totalidad al sistema, y no deberían ser aplaudidas. Que un funcionario de Hacienda se equivoque en una liquidación o que no me parezca justa la ley del IRPF no es un motivo para irse y dejar de pagar impuestos en España: es simplemente una excusa.
Por supuesto, a casi todos nos gustaría tener impuestos más bajos, pero simplemente no es posible tener impuestos al nivel de Andorra. Veámoslo con cifras: el tipo medio del IVA en España en 2019, según datos de la AEAT fue del 15%. En Andorra, el tipo único es del 5%. ¿Se puede renunciar a dos tercios de la recaudación de IVA, es decir a unos 48.000 millones de euros? Pensemos que todo el gasto anual conjunto de todos los ministerios fue de unos 40.000 millones de euros, es decir que nos quedaríamos sin policía, guardia civil, ejército, sí y también sin Agencia Tributaria, y sólo estamos hablando del IVA.
Desde otra perspectiva, el tipo medio del IRPF en España fue, en 2019, del 12,8%, no muy lejos del tipo marginal del 10% en Andorra. Pero en España, un trabajador que gana el SMI o incluso un poco más, 14.000 euros, no paga el IRPF. ¿Es razonable que varios millones de españoles que ganan salarios de 900 o 1000 euros paguen un 10 o un 12% para que se pueda reducir sustancialmente el IRPF hasta un nivel andorrano? Y pensemos que, con este nivel en los distintos impuestos, aún así, habría que proceder a recortes draconianos en casi todos los servicios públicos…
El nivel de progresividad del IRPF refleja el nivel de solidaridad que un Estado exige a sus ciudadanos, especialmente a los de mayores ingresos. Por supuesto, es una cuestión discutible que se acaba decidiendo por los Parlamentos en los Estados democráticos. Pero cuando hablamos de un tipo máximo del 10%, precisamente en medio de una Pandemia, es decir con las necesidades de gasto público en máximo, estamos hablando de un caso límite. No se puede discutir con las matemáticas, y pretender estos niveles fiscales es simplemente populismo, en su variante de populismo fiscal insolidario.
Las nuevas tecnologías facilitan la elusión de las obligaciones fiscales
Más allá de las cuestiones éticas, desde un punto de vista estrictamente fiscal, nos enfrentamos a dos problemas. El primero y más inmediato es que ya no sólo hay empresas que acaban tributando en antiguos paraísos fiscales, sino ya personas físicas con actividad económica. Si no se puede competir, y no podemos, ¿debíamos sacarlos de las listas de paraísos fiscales? Si no lo hubiésemos hecho, sin obligarlos a tener un campo de juego equilibrado, ahora podríamos aplicar la "cuarentena fiscal" prevista en la ley de renta y no tendríamos esta fuga hacia Andorra, como no la tenemos hacia Gibraltar (o hacia Cayman).
Por último, todo esto agrava el problema de dónde se obtienen los beneficios o las rentas en una economía digital. Si seguimos dejando elegir, no solo las empresas, sino también los profesionales seguirán teniendo clientes y negocio en España, pero tributarán, poquísimo, donde menos impuestos se paguen: en Andorra o en el país de nunca jamás. Es algo que deberíamos impedir y por lo menos no aplaudir, aunque sólo sea por la cuenta que nos trae a todos.
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