El pasado marzo, cuando el Covid infectó la economía mundial, muchos observadores temían que los mercados emergentes y los países en desarrollo fueran los que más sufrieran, tanto en el plano financiero como en otros aspectos. Desde el punto de vista económico, dependían de las exportaciones de productos básicos, las remesas y el turismo, todo lo cual se vino abajo con la pandemia. Había razones de sobra para esperar un tsunami de crisis financieras y de impagos de la deuda.
El tsunami nunca llegó. Sólo seis países -Argentina, Ecuador, Belice, Líbano, Surinam y Zambia- han incumplido el pago de su deuda soberana, y sólo los dos primeros han reestructurado sus deudas.
Pero al igual que el perro de Sherlock Holmes "que no ladró" (según el título de una de sus más famosas novelas), es difícil saber si hay que tranquilizarse o alarmarse por el silencio. Es tranquilizador que el impacto en los países en desarrollo, en África específicamente, ha sido menos de lo que se temía. Sus poblaciones jóvenes son relativamente resistentes al coronavirus. Sus sistemas de salud, al responder a epidemias pasadas, se han ganado la confianza. Y la rápida recuperación de China impulsó la demanda de sus exportaciones de materias primas.
También desde el punto de vista financiero, las condiciones actuales son sorprendentemente estables. En marzo, cuando estalló la crisis, los mercados emergentes tuvieron una hemorragia de capital. En abril, sin embargo, los flujos de salida se redujeron y los flujos netos han sido positivos y han aumentado desde entonces.
No es difícil ver por qué. Los rendimientos de los bonos del Tesoro a diez años de EEUU están por debajo del 1%, y se espera que el dólar se deprecie. En este entorno, un bono del gobierno tailandés con un tipo del 1,35% es atractivo para los inversores, a pesar de que Tailandia muestra los clásicos signos de problemas financieros que se avecinan: una economía dependiente del turismo que se espera que se contraiga un 7% este año y un Gobierno que carece de apoyo popular.
Gran parte de los pagos que vencen en 2021 son impagables por la recesión económica
Si el crecimiento mundial se reanuda en 2021, con la ayuda de las vacunas y el compromiso continuo de la Reserva Federal de mantener los tipos de interés ultra bajos, algunos países en desarrollo podrían salir adelante. Los inversores ávidos de rendimiento seguirán mostrando apetito por sus bonos.
Sin embargo, otros países, que se han visto más afectados por la disminución de los ingresos de exportación y el colapso de las remesas, tendrán obligaciones que cumplir. El Instituto de Finanzas Internacionales estima que casi 7 billones de dólares de deuda de los mercados emergentes vencerán en 2021, el triple que este año. No se trata de una crisis que se materializará en una fecha futura indeterminada. El perro empezará a aullar el año que viene.
Cuando los gobiernos han emitido deuda a nivel nacional, sus bancos centrales pueden comprarla, pero sólo a costa de socavar su moneda y asustar a los inversores privados. Además, el volumen de la deuda externa que vence en 2021 es el doble que la propia de este año. Gran parte de esto se ha vuelto efectivamente impagable por la conmoción económica de la pandemia.
El problema es conseguir que los acreedores reduzcan sus reclamaciones
El G-20 ha respondido con una Iniciativa de Suspensión del Servicio de la Deuda (DSSI) que permite a 73 países de bajos ingresos aplazar los pagos de sus deudas de Gobierno a Gobierno durante un año y medio. El principal acreedor bilateral, China, está ahora a bordo, tras algunas dudas iniciales.
La DSSI es imperfecta. Limitar la duración de la suspensión y aplazar en lugar de perdonar los intereses es un poco mezquino. Los países se muestran reacios a solicitarla por temor a que se reduzcan las calificaciones de las agencias de rating, como ocurrió con Camerún. Se excluye a los países de ingresos medios en dificultades. Aún así, algo es mejor que nada.
El problema es conseguir que los acreedores privados reduzcan sus reclamaciones. El pasado mes de abril, el G-20 "pidió" a los acreedores privados que aceptaran concesiones comparables. No es de extrañar que sus llamadas no fueran escuchadas. Los inversores estaban más preocupados, como era de esperar, por sus propias carteras que por la difícil situación de los países de bajos ingresos.
Posteriormente, los gobiernos del G-20 dejaron claro que no tenían intención de aplazar sus reclamaciones si el dinero que esto liberaba se destinaba simplemente a pagar a los acreedores privados. Pero el sector privado ha dejado igualmente claro que tiene poco interés en las concesiones. La historia nos dice que las deudas privadas se reestructuran sólo cuando los acreedores se convencen de que medio pan es mejor que ninguno. Y los inversores siguen esperando el pan completo, con el sector oficial ayudando a alimentarlo.
¿Qué más se puede hacer? El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas podría aprobar una resolución que instruya a sus miembros a proteger los activos de los países de bajos ingresos de los acreedores litigiosos, de la misma manera que protegió los activos iraquíes tras la eliminación de Saddam Hussein. El Congreso de EEUU podría dar a esta medida fuerza de ley. O, después del 20 de enero de 2021, el Presidente Joe Biden podría emitir una orden ejecutiva que instruyera a los tribunales a proceder en consecuencia, como lo hizo el presidente George W. Bush en el caso del Irak en 2003.
¿Hay alguna posibilidad de que esto suceda? El consenso en el Consejo de Seguridad de la ONU es difícil de lograr y aún más difícil de mantener. La próxima administración Biden tendrá un capital político limitado, un margen de acción limitado y una abundancia de otros problemas. Si estará preparada para enfrentarse a los grandes inversores institucionales - ¿puede decir BlackRock? - está por verse.
