Todos nos encontramos inmersos y somos protagonistas de la llamada transformación digital que está afectando a todos y cada uno de los ámbitos de nuestra vida. Una transformación que ha recibido un empujón importante a raíz de una pandemia que nos ha obligado a acelerar la realización de actividades a distancia como el teletrabajo, la educación a distancia, el ecommerce y un largo etcétera que incluye actividades de la vida diaria que no pensábamos hace tan solo unos meses que se pudieran digitalizar.
El ámbito de la Justicia no ha sido ajeno a toda esta revolución. Los despachos de abogados hemos integrado sistemas de gestión innovadores que facilitan los procesos mecanizados, hemos potenciado los sistemas de teletrabajo y hasta hemos participado de la experiencia de los juicios online, camino elegido en pleno confinamiento para tratar de dar salida al colapso ya de por sí habitual en nuestro sistema judicial.
Y, precisamente por esto mismo, los que formamos parte del ámbito jurídico estábamos esperando que, de una vez por todas, llegara la inversión necesaria desde el Gobierno que permitiera modernizar los procesos y las infraestructuras judiciales y conseguir de este modo el necesario apoyo que requiere el sistema jurídico si queremos estar a la altura de cualquiera de los países democráticos de nuestro entorno.
Sin embargo, lo que el común de los mortales entendemos por digitalización, hemos descubierto esta semana que, para la clase política, significa algo radicalmente distinto. Si para nosotros, la digitalización de la justicia apuntaba a esa modernización pendiente de nuestro sistema judicial, para los políticos, la digitalización de la justicia supone la elección digital (a dedo) del órgano de gobierno de los jueces y poder, de este modo, seguir controlando el poder jurídico para manejarlo a su antojo.
Se necesita invertir para que el sistema jurídico esté a la altura de los países de nuestro entorno
Como es lógico, el simple anuncio de esta medida, ya ha provocado un revuelo importante entre los responsables de la Unión Europea, que no han dudado en llamar la atención al Gobierno sobre la afectación que este tipo de medidas tiene en detrimento de la calidad democrática de un país. Es lamentable que España se sitúe en aspectos relativos al respeto a la separación de poderes junto a países como Polonia o Hungría, señalados por el retroceso en el respeto a las libertades, en lugar de estar posicionados junto a democracias consolidadas como Alemania o Francia.
Debemos por tanto apuntar con el dedo acusador a los socios de Gobierno del PSOE y Podemos por plantear siquiera la posibilidad de elegir un Consejo General del Poder Judicial al servicio de sus intereses. Y tenemos que recordar que, si bien el PP está poniendo ahora sus condiciones para el acuerdo, anteriormente lo hizo el PSOE, haciendo esperar la renovación hasta cuatro años, cuando le tocaba a los socialistas desde la oposición dar ese paso hacia el acuerdo que ahora reclamar a los populares.
Pero, incluso, podemos ir más allá y señalar que el problema está en la base, en la propia ley que deja en manos de los políticos el nombramiento y el acceso a los órganos judiciales, en lugar de dejar esta capacidad en manos de los que conforman el cuerpo judicial en nuestro país.
La propuesta del Gobierno sobre el CGPJ alienta el retroceso democrático
Si recordamos los polvos de los que hemos llegado hasta estos lodos, fue el Gobierno de Felipe González quien reinterpretó la literalidad para implantar el sistema que ahora mismo gobierna en el ámbito de la Justicia. La norma indicaba que los aspirantes "serán elegidos entre los miembros de la judicatura", una frase que la UCD entendió como un mandato para elegir al gobierno de los jueces "entre y por los miembros de la judicatura" (esto es, elegidos por los propios jueces), y el PSOE, sin embargo, modificó al entender que la norma, efectivamente, mandataba a elegir "entre los miembros de la judicatura", pero no por "los miembros de la judicatura". De este modo, los socialistas entendieron que quién debía realizar los nombramientos era la soberanía nacional, a través de sus representantes en el Congreso. Una opción que a priori no plantea excesivos problemas pero que, como hemos visto, desemboca en un cambalache de nombramientos que acaba señalando a cada uno de los jueces con un color político determinado que, lógicamente, acaba afectando a su libertad de acción.
En definitiva, cuando todos esperábamos un compromiso real de apuesta por la modernización de la Justicia, el Gobierno nos sorprende con propuestas que no hacen más que alentar el retroceso democrático de nuestro país. Por lo tanto, no podemos más que mostrar nuestro más enérgico rechazo porque no, la digitalización de la justicia, no debería ser esto.