Hungría y Polonia han vetado el presupuesto de siete años propuesto por la Unión Europea de 1,15 billones de euros y el fondo de recuperación europeo de 750.000 millones de euros. Aunque los dos países son los mayores beneficiarios del Presupuesto, sus gobiernos se oponen rotundamente a la condicionalidad del Estado de Derecho que la UE ha adoptado a instancias del Parlamento Europeo. Saben que están violando las exigencias del Estado de Derecho de manera atroz y no quieren pagar las consecuencias.
No es tanto un concepto abstracto esa idea a la que se oponen el primer ministro húngaro Viktor Orbán y, en menor medida, el gobernante de facto de Polonia, Jaros?aw Kaczy?ski. Para ellos, el Estado de Derecho representa un límite práctico a la corrupción personal y política. El veto es una apuesta desesperada de dos infractores en serie.
También fue un paso sin precedentes, que se produjo en un momento en que Europa está sufriendo un peligroso aumento de los casos de Covid-19, y que sumió en la confusión a los representantes de los demás países de la Unión Europea. Pero cuando el shock se disipó, un análisis más detallado reveló que hay una forma de evitar el veto.
En caso de que no se llegue a un acuerdo sobre un nuevo presupuesto, el antiguo presupuesto, que expira a finales de 2020, se prorroga anualmente. Hungría y Polonia no recibirían ningún pago en virtud de este presupuesto, porque sus gobiernos están violando las más básicas norma democráticas.
Asimismo, el fondo de recuperación, llamado Next Generation EU, podría aplicarse mediante un procedimiento de cooperación reforzada, como ha propuesto Guy Verhofstadt. Si la UE tomara este camino, el veto de Orbán-Kaczy?ski podría ser eludido. La pregunta es si la UE, con la canciller alemana Angela Merkel quizás liderando el camino, puede reunir la voluntad política.
Soy un partidario comprometido de la UE como modelo de una sociedad abierta basada en el estado de derecho. Siendo de origen judío húngaro, me preocupa especialmente la situación de Hungría, donde he sido muy activo como filántropo durante más de 30 años.
Orbán ha construido en Hungría un elaborado sistema cleptocrático para robar al país. Es difícil calcular la cantidad con la que ha enriquecido a su familia y amigos, pero muchos de ellos se han hecho extremadamente ricos. Orbán utiliza ahora la nueva ola de Covid-19 para enmendar la Constitución húngara y la ley electoral (una vez más) y para afianzarse como primer ministro vitalicio por medios constitucionales. Es una tragedia para el pueblo húngaro.
Permítanme dar algunos ejemplos de cómo Orbán ha robado al pueblo húngaro. Ha transferido grandes sumas de dinero público a varias fundaciones privadas que controla indirectamente. Mediante un astuto truco constitucional, Orbán está ahora retirando permanentemente estos activos del dominio público; se necesitaría una mayoría de dos tercios del Parlamento para devolverlos al pueblo húngaro. Las cantidades involucradas suman casi 2.800 millones de dólares.
En una serie de transacciones fraudulentas, empresas cercanas a Orbán compraron más de 16.000 respiradores en nombre de Hungría por casi 1.000 millones de dólares, cifra que supera con creces el número de camas de cuidados intensivos y de personal médico que podría utilizarlas. Un análisis de los datos del comercio internacional muestra que Hungría fue el país de la Unión Europea que más pagó por los respiradores de China, pagando en un momento dado más de 50 veces más que Alemania.
Una de estas empresas también consiguió un pedido de Eslovenia, cuyo primer ministro, Janez Jansen, es un estrecho aliado político de Orbán. La Oficina Europea de Lucha contra el Fraude (OLAF) debe investigar si la UE fue defraudada. El reciente contrato para la vacuna rusa que hará de Hungría el primer país europeo en utilizarla merece ser investigado.
Al mismo tiempo, Orbán está tratando de evitar la rendición de cuentas por estas acciones, y tomando medidas para evitar que se repitan las elecciones locales de 2019, cuando su partido Fidesz perdió el control del gobierno municipal de Budapest y otras ciudades importantes. Está haciendo todo lo posible por privar a Budapest de recursos financieros, vetando la solicitud de la ciudad de pedir un préstamo al Banco Europeo de Inversiones para comprar nuevos equipos de transporte público capaces de garantizar la distancia social. Budapest se enfrenta ahora a un déficit de 290 millones de dólares en su presupuesto para 2021. Condiciones similares prevalecen en otras ciudades con gobiernos locales que no están controlados por Fidesz.
Los partidos de la oposición de Hungría están tratando valientemente de desafiar a Orbán formando una lista común de candidatos para las elecciones generales de 2022. Pero sus posibilidades de éxito son limitadas porque Orbán puede cambiar las reglas a corto plazo, como ya lo ha hecho varias veces. Convenientemente, Orbán está planeando introducir los últimos cambios en la ley electoral mientras la pandemia está en marcha, Budapest está bajo toque de queda y los soldados están patrullando las calles.
Además, Orbán ejerce un control casi total sobre el campo, donde vive la mayoría de la población. Controla la información que reciben, y la votación en muchos pueblos no es secreta. Prácticamente no hay forma de que la oposición pueda actuar. Sólo la UE puede ayudar. Los fondos de la UE, por ejemplo, deben dirigirse a las autoridades locales, donde todavía existe una democracia que funciona en Hungría, a diferencia de lo que ocurre a nivel nacional.
La UE no puede permitirse el lujo de transigir con las trasngresiones del Estado de Derecho. La forma en que responda al desafío planteado por Orbán y Kaczy?ski determinará si sobrevive como una sociedad abierta y fiel a los valores sobre los que se fundó.
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