El 7 de octubre de 2020 el Presidente del Gobierno ha presentado el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia de la Economía Española que será objeto de remisión a las Instituciones comunitarias el próximo 15 de octubre. En él, se contiene la estrategia para salir de la crisis causada por la pandemia, y se promueve la modernización de la economía española.
Como es sabido, el Plan establece criterios para el uso de 140.000 millones de euros, entre transferencias no reembolsables y préstamos. Para el Plan, los destinos prioritarios de esos recursos serán la transición ecológica, la cohesión social y territorial, la digitalización y la igualdad de género.
El Gobierno estima que el Plan impulsará el crecimiento económico en 2021 en más de dos puntos, hasta el 9,8%, gracias al mayor dinamismo de inversión, exportaciones, consumo y empleo, tras la caída del 11,2% prevista para 2020. Por su parte, el Banco de España estima un efecto "tractor" de menor relevancia, ya que calcula que por cada 10.000 millones de ejecución de transferencias europeas destinadas a inversiones productivas, el impacto sobre el PIB durante los próximos dos años se situaría en el entorno de tres décimas, asumiendo que esa ejecución del Fondo sea rápida y eficaz.
En este momento, los indicadores económicos de la economía europea, que mejoraron entre mayo y julio, han empezado a empeorar en la segunda mitad de agosto y septiembre. Por desgracia, es innegable que existe una brecha entre la economía española y las más avanzadas de la Unión Europea: la caída de la actividad económica en nuestro país fue, en el segundo trimestre del año, el doble que la de Alemania y la diferencia con Francia o Italia supera el 20%.
Ante esta situación, es evidente que tanto las políticas monetarias como las políticas fiscales nacionales tienen un margen limitado de actuación. Por este motivo el Fondo de Recuperación (NGEU) será la palanca clave para reactivar la economía española, pero nuestros socios exigen que los objetivos estratégicos de la Unión Europea sean decisivos.
El gran interrogante que se plantea es si va a estar disponible en el corto plazo como política contracíclica. En caso de no ser así, el efecto multiplicador del Fondo sobre el PIB español será modesto en 2021 y 2022.
En todo caso, resulta innegable la importancia de esta estrategia de recuperación económica con la que hacer frente a la mayor crisis de la historia reciente. Nadie que lo valore, en el contexto de la evolución del proyecto europeo, puede dudar de que la adopción del Fondo representa un paso inédito y enormemente positivo. Por otra parte, también está fuera de duda la incertidumbre sobre la respuesta que darán los Estados miembros a este acuerdo: incertidumbre sobre la capacidad de absorción y respuesta que los Estados pueden dar y dudas sobre el propio proceso de ratificación parlamentaria nacional.
Conviene detenerse y hacer balance de la respuesta de la Unión Europea a la crisis del coronavirus. Si al inicio de la misma pudo parecer titubeante, por las soluciones nacionales tomadas, es justo reconocer que la reacción posterior ha sido de gran potencia. Este mecanismo constituye una oportunidad histórica para la economía española, ya que podrá servir de palanca para una transformación estructural y a largo plazo.
En consecuencia, si el Fondo de Recuperación se aprueba, tanto por el Parlamento Europeo como por los nacionales, los Gobiernos de los Estados, y por supuesto el de España, deberán acordar con la Comisión Europea que reformas se adoptan y que proyectos son elegibles. Solo cabe esperar que se financien proyectos que la Comisión Europea califique como prioritarios.
La colaboración público-privada es fundamental para absorber los fondos europeos
España tiene ante sí el reto de absorber los fondos europeos para lograr la transformación de su economía; este reto dependerá de una buena colaboración entre el sector público y el sector privado, de forma que se puedan presentar a la Comisión Europea suficientes proyectos elegibles en los próximos años, y en la medida de lo posible, un gran número de ellos en 2021.
Para ello, y siendo conscientes de las incertidumbres existentes entre las empresas españolas sobre cómo proponer proyectos elegibles, por parte de estas es indispensable diseñar una estrategia para aprovechamiento de fondos europeos, así como construir el encaje de sus proyectos con las condiciones establecidas por la Unión Europea. No es una tarea sencilla, pero nuestro futuro depende de que podamos sacar el máximo provecho de estos recursos.
El reto que tiene España, como nación, es el de volver a tener el éxito que supuso nuestra incorporación a las Comunidades Europeas; ese hito histórico no solo modernizó nuestro ordenamiento jurídico e institucional, sino que la llegada de fondos contribuyó a una gran transformación de nuestra economía. Esta creció gracias al apoyo del proceso de la integración europea y si somos capaces de impulsar las reformas que necesitamos, podremos dejar a las siguientes generaciones una economía competitiva en el siglo XXI.
