El presidente Sánchez presentó ayer el Plan de Reconstrucción con el que promete crear 800.000 empleos y sumar más de dos puntos al avance del PIB. Tan ambiciosa iniciativa repite el problema de base propio de la mayor parte de las iniciativas económicas del Gobierno desde el inicio de la crisis.
De nuevo, se echa en falta el necesario consenso con un actor ineludible: las empresas. Las patronales y los expertos seguirán en segundo plano sin siquiera participar en consejos asesores semejantes a los creados en otros países occidentales. Su falta de protagonismo contribuye a explicar otra de las grandes debilidades del Plan. Sus líneas "tractoras" se basan en la muy general alusión a inversiones en sectores tan amplios como la cohesión social, la digitalización o la igualdad de género. Lejos de un programa de reformas con un diseño concreto, todo queda fiado al desembarco de los 72.000 millones, en concepto de ayudas a fondo perdido, que corresponden a España procedentes del nuevo fondo de rescate de la UE. La recepción de los fondos carece aún de fecha para su recepción. Así lo reconoce el propio presidente al prepararse para los probables retrasos provisionando un adelanto de 27.000 millones, con cargo a esas ayudas, en los próximos Presupuestos. Pero más preocupantes aún son los indicios de las prioridades a las que se someterán esos recursos cuando lleguen.
La prioridad del Plan de Reconstrucción del Gobierno parece ser la salvación de la actual legislatura hasta 2023
Bruselas prevé que su uso se extienda hasta 2026, como requieren unas inversiones estructurales de este envergadura. En cambio, el Gobierno quiere concentrarlas en el periodo 2021-2023, el que abarca el mandato del actual Gobierno. Todo apunta así a un intento de apuntalar políticamente la actual legislatura, más que un plan de recuperación real.
