La gran banca española pagó en el primer semestre de este año 255 millones a Hacienda, derivados del Impuesto de Sociedades. Esa cifra supone una reducción de casi un 80% con respecto al mismo periodo del año pasado, lo que no quiere decir en absoluto que las entidades estén tributando a un tipo más reducido.
Al contrario, el gravamen medio al que se sometieron entre enero y junio es del 16%, un nivel muy cercano al 18% que el Gobierno quiere establecer como suelo para las entidades financieras, en su próxima reforma del Impuesto de Sociedades.
Si la recaudación ha bajado, se debe exclusivamente a que antes lo hicieron, con gran contundencia (un 68%), los beneficios del sector debido al impacto de la crisis del Covid. Conviene resaltar que casi ningún banco ha buscado paliar ese daño activando en 2020 los todavía cuantiosos créditos fiscales que Hacienda tiene pendientes con ellos.
Estas devoluciones no constituyen ningún privilegio, sino que se trata de deducciones ya reconocidas por el Fisco que se derivan de las cuantiosas pérdidas que los bancos asumieron en la crisis de 2008-2013. Debe valorarse el esfuerzo que supone dejar, por un año más, suspendidos estos legítimos reembolsos en un contexto como el actual.
Los bancos se han situado en primera línea de la lucha contra el Covid concediendo moratorias en los créditos y financiando a los sectores más afectados. Por ello, han asumido más riesgos lo que implica provisiones más altas, que impactan en su cuenta de resultados. El sector financiero, por tanto, se encuentra muy lejos de la imagen de una actividad privilegiada que Podemos dibuja, a la que intentó (sin éxito) penalizar con la creación de una tasa específica sobre los bancos.
