
La banca vuelve a recurrir a los créditos fiscales diferidos o DTA, logrando con ello devoluciones de 123 millones de Hacienda en el segundo trimestre del año.
No es casualidad que el sector aproveche la interinidad política porque esa situación suspende el plan de Podemos y el PSOE de endurecer la declaración de Sociedades, lo que dificulta el uso de los DTA. No es razonable que el sector tenga que inhibirse de activarlos. No son privilegios sino deducciones reconocidas por Hacienda que se derivan de las grandes pérdidas en las que la banca incurrió durante la última recesión. Pero además de legítimos, los DTA, que suman más de 30.000 millones, no salen gratis, ya que exigen a la banca pagar una tasa del 1,5 por ciento.