Don Juan Carlos I no solo dejará de residir en La Zarzuela, sino que saldrá también de España. Así se lo trasladó el Rey Emérito a su hijo, Felipe VI, quien aceptó la decisión de su progenitor.
El hecho de que, desde hace semanas, se especulara con la posibilidad de que el anterior jefe de Estado diera este paso no resta ni un ápice de dureza a la decisión que se ha visto obligado a tomar. Resulta difícil encontrar un caso comparable de la historia occidental reciente, en el que una figura de altura institucional comparable, y de reconocida influencia positiva en el desarrollo de su país (la Transición democrática resulta inexplicable sin su actuación), tenga que dejarlo atrás de este modo.
Pese a la gravedad de los hechos que deberán ser objeto de investigación (la regularización con Hacienda puede ascender a 70 millones), solo puede considerarse extrema la imposición de esta suerte de exilio. Para que llegara a materializarse, resultó decisiva la presión de la facción de Podemos en Moncloa, liderada por el vicepresidente Pablo Iglesias, ahora muy interesado en usar los ataques a la Monarquía como tapadera de sus propios problemas judiciales.
En medio de este espurio juego de intereses, Felipe VI ha sabido dar otra muestra de ejemplaridad. Lo hizo cuando renunció en marzo a la herencia de su padre y vuelve a demostrarlo haciendo un sacrificio personal de estas dimensiones. Anteponiendo el prestigio de la institución, como el Rey ha hecho, la Monarquía debe salir reforzada.
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