La crisis económica, laboral y social que hemos comenzado a sufrir va a impactar con mucha intensidad sobre las condiciones de vida de los españoles. Una caída del PIB en 2020 de como mínimo el 9%, y de hasta el 15%, como pronostica el Banco de España, entrañará pérdidas masivas de renta, una aguda destrucción de empleo y la creación de amplias bolsas de pobreza, difíciles de combatir incluso mediante el empleo intensivo de las herramientas de un Estado del bienestar tan avanzado como el español, recién ensanchado con el ingreso mínimo vital.
Es obligación de los poderes públicos españoles minimizar el impacto social de esta crisis e incorporar a las políticas públicas las lecciones de las crisis sufridas por la economía española en el pasado. Estamos a tiempo de evitar dolorosos daños colaterales sobre millones de españoles si se actúa con rapidez, racionalidad y contundencia. Esto es particularmente cierto en materia de políticas de acceso a la vivienda.
Incentivar la actividad en construcción tendrá un positivo impacto económico y social
Tanto la crisis económica del periodo 1992-1995 como la más reciente, 2008-2013, castigaron con especial dureza a los jóvenes españoles. Las tasas de desempleo juvenil se dispararon por encima del 50%, expulsando del mercado laboral a más de la mitad de una generación de españoles cualificados, frustrando sus expectativas profesionales y cercenando otras metas vitales. Es obvio que un joven sin trabajo no puede plantearse emanciparse, formar una familia, acceder a una vivienda en propiedad o continuar su formación, salvo que pertenezca a una familia de altas recursos económicos.
La expulsión de los jóvenes del mercado de trabajo ha comenzado a ocurrir de nuevo: la tasa de desempleo juvenil comienza a acercarse al 40%. España no puede ni debe permitirse otra generación "perdida" de jóvenes sin oportunidades laborales y vitalmente frustrados.
Desde la perspectiva económica, los indicadores adelantados vuelven a anticipar una caída muy intensa de la actividad en el sector de la construcción en España, lo que, a su vez, dada la naturaleza trabajo-intensiva del mismo, se traducirá de modo inmediato en una destrucción masiva de empleo en este sector y en otros muchos que dependen de él: inmobiliario, mueble y decoración, servicios de seguridad, etc. Teniendo en cuenta que los perfiles laborales del sector de la construcción no son fácilmente integrables en otras actividades productivas, la caída de actividad en el sector de la construcción, incluso cuando comiencen a recuperarse otros sectores de actividad, entraña el riesgo de crear grandes bolsas de desempleados de larga duración. Los incentivos a la actividad en este sector, que hace mucho tiempo que dejó atrás la "burbuja" y que ha generado cientos de miles de empleos desde 2014, tendrían un profundo impacto económico y social positivo.
Aunque elogiable, el impulso al alquiler solo satisface a una parte de la demanda
A lo anterior se añaden los efectos que el desempleo juvenil masivo acarrea sobre la demografía y el sistema de pensiones. Además de no cotizar a la Seguridad Social por no disfrutar de un empleo, buena parte de los jóvenes que querrían formar una familia no pueden hacerlo: sin trabajo o sin acceso a la vivienda en condiciones razonables, esa aspiración se desvanece. Si no se actúa, la tasa de fecundidad volverá a caer y España, que es hoy uno de los países más envejecidos del mundo y con uno de los sistemas públicos de pensiones más amenazado desde la perspectiva de su sostenibilidad, verá agudizados, aún más si cabe, sus problemas de demográficos y de pago de las pensiones futuras. También caerá la tasa de crecimiento potencial de la economía española.
El Banco de España describió recientemente la naturaleza del problema de acceso a la vivienda en propiedad que sufren los jóvenes españoles: la mayoría de ellos carece de ahorro acumulado, lo que impide acceder a un préstamo hipotecario de la cuantía suficiente para la adquisición de una vivienda. Esas dificultades, descritas por el Banco de España en un escenario pre-covid, van a verse multiplicadas ahora.
Pero entonces, ¿debemos resignarnos? En absoluto, todo lo contrario. Hay margen para actuar desde las políticas públicas con el fin atenuar el impacto de la crisis sobre los jóvenes españoles y sobre su capacidad de acceso a la vivienda. El foco debe situarse en conseguir que aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago pero no ahorro acumulado puedan acceder a una vivienda.
El impulso de las Administraciones al acceso a la vivienda en alquiler es elogiable, pero se debe ser consciente de que solo responde a las necesidades de una parte de la demanda. El acceso a una vivienda en propiedad es una aspiración legítima de millones de jóvenes que piensan que pagar un alquiler es "tirar el dinero". A lo anterior se añade que vivimos una época de tipos de interés bajos, que van a continuar bajos durante mucho tiempo, que hace que sean millones los jóvenes que piensen que, "para pagar un alquiler, mejor dedico ese importe a pagar una hipoteca barata y comprar mi propia vivienda".
Mejorar el acceso de los jóvenes a la vivienda en propiedad solo tiene ventajas: les aporta seguridad vital y familiar; incrementa la capacidad de ahorro de la economía española, algo fundamental para una economía tan endeudada como la española; "tira" del sector de la construcción, un sector intensivo en la generación de empleo, y multiplica los ingresos para las distintas Administraciones públicas, algo a valorar cuando la economía española se adentra en los peores registros de déficit público y deuda pública de más de un siglo.
La política pública de vivienda debe actuar tanto por el lado de la oferta (disponibilidad de suelo y construcción de vivienda) como de la demanda. Existen ejemplos de éxito de políticas públicas de otros países que han conseguido facilitar enormemente el acceso de los jóvenes a una vivienda en propiedad. Es el momento de pedir a nuestros legisladores, al Gobierno de España, a los gobiernos autonómicos y a los gobiernos municipales que actúen, cada uno desde su ámbito de competencias, para que una nueva generación de jóvenes no vuelva a ver frustradas sus aspiraciones de acceder a una vivienda. No nos los podemos permitir.
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