España tiene un problema estructural poblacional sin parangón en el mundo occidental: tenemos la población más envejecida del mundo después de Japón que genera un desequilibrio en las cuentas públicas sin precedentes, como demuestra el análisis del presupuesto y la partida de pago de pensiones.
Esta situación se debe principalmente a la tardanza en la emancipación de nuestros jóvenes del hogar familiar, que dificulta la generación de núcleos familiares y, por ende, el nacimiento de niños/as.
Existe la falsa creencia de que nuestros jóvenes no abandonan el hogar familiar porque viven instalados en la comodidad. Sin embargo, si analizamos el comportamiento de las mismas generaciones en otros países aledaños, observamos cómo la edad de emancipación se reduce considerablemente en el caso, por ejemplo, de Francia.
La concesión de un aval del 20% por el Gobierno ayudaría a limitar este problema
Todo este fenómeno va ligado a la posibilidad de tener un acceso adecuado a la vivienda. En España, tras de la crisis de 2008, se ha instalado una corriente de pensamiento en la que se considera que lo adecuado para nuestros jóvenes es alquilar una vivienda por dos motivos: de lo contrario se alimenta el aumento de los precios y la generación de una burbuja inmobiliaria y obstaculiza la movilidad geográfica para acceder a empleos.
Los dos razonamientos son inexactos desde mi punto de vista. La burbuja normalmente es financiera y, si ponemos como ejemplo la crisis de 2008, el exceso de liquidez llevó a facilitar las hipotecas con unos porcentajes de consumo de la renta familiar disponible por encima de lo razonable y prudente, llegando a suponer más del 50 % de la misma. El mantenimiento de unos estándares de consumo de la renta familiar que no exceda el 40 % mantiene un equilibrio y evita la burbuja de precios.
El sector será como siempre uno de los pilares de la recuperación económica
El segundo caso también es una percepción errónea, pues nada impide que, si un trabajador se ve en la necesidad de trasladarse a otro lugar de residencia y es propietario de una vivienda, proceda a alquilarla facilitando el pago del alquiler de su nuevo lugar de residencia o, si el cambio de residencia es permanente, vendiendo su inmueble para recuperar la inversión.
Personalmente, creo que las dos fórmulas tienen su cuota de mercado y que al sector del alquiler le queda mucho crecimiento por delante. No obstante, no estoy de acuerdo con la demonización de una fórmula versus la otra, por lo que hay que dar soluciones estructurales para un mercado equilibrado.
Para conseguir este equilibrio, en el caso del mercado de compra venta, una solución podría ser facilitar el acceso a todos aquellos jóvenes que tienen capacidad de pago, pero no han tenido hasta ahora capacidad de ahorro.
Este mismo problema apareció en la crisis de 2008 en Reino Unido y Francia, y la solución que dieron a este asunto fue la de facilitar un crédito del 20% por parte de la administración, junto con el 75 % de una entidad financiera, y de este modo muchísimos jóvenes pudieron acceder a su primera vivienda. Además, cabe destacar que estos programas todavía funcionan en estos países con un éxito sin precedentes.
En las circunstancias actuales en nuestro país con la crisis del Covid-19, no planteo una solución que pase por la concesión de un crédito por parte del gobierno, pero sí por la concesión de un aval por ese mismo porcentaje, del 20 %, que permitiría a las entidades financieras extender el crédito hipotecario hasta el 95% del valor de la vivienda. Sé que los detractores de esta medida se opondrán diciendo que es una barbaridad comprometer la economía de una familia con una hipoteca de ese porcentaje, y algunos de los que predican con más fervor esta idea, llegada la hora de la verdad, optan por comprar una casa y si puede ser con jardín y piscina, mejor. La reflexión será ¿y no estamos condenando a ese grupo de personas a pagar una renta de alquiler para toda su vida sin contraprestación de ahorro y consecuentemente reversión de la inversión?
Con esta medida el Gobierno solo se tiene que comprometer actualmente a presentar el aval en el momento de entrega de la vivienda. Esto sucederá, en el mejor de los casos, para el año 2022. El revulsivo para la economía de nuestro país sería impresionante por la creación de puestos de trabajo que traería consigo, algo que sin duda vamos a necesitar imperiosamente, creando entre 330.000 y 500.000 viviendas en cuatro años, con un impacto en el empleo de casi un millón de personas. Pero, es más, en términos de recaudación, la promoción y construcción de 350.000 viviendas en tres años, reportaría al Estado unos ingresos en concepto de impuestos de 8.850 millones de euros, cuantía lo suficientemente importante para las arcas públicas para valorar seriamente la medida.
Por ello creo firmemente que estamos ante una oportunidad única de resolver, en gran medida, el acceso a la vivienda por parte de los jóvenes, con un impacto casi nulo en el presupuesto nacional, pero con una reactivación económica que puede suponer que nuestro sector sea, como siempre, uno de los pilares de sustento de la economía.
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