Pedro Sánchez aprovechó su bolivariano Aló Presidente de los fines de semana para edulcorar su nueva prórroga del Estado de Alarma con la venta como logro propio de los 140.000 millones de euros que espera recibir España de ese Fondo Europeo de Reconstrucción, fruto de las relaciones entre Merkel y Macron, y que como se esperaba no será gratis total, ya que más de 60.000 millones serán préstamos a devolver y, por tanto, un nuevo lastre sobre la ya abultada deuda.
Lo que se cuidó muy mucho de aclarar el presidente, pero si han dejado muy claro quienes mandan en Bruselas es que la condición inexcusable para beneficiarse del socorro europeo será el sometimiento a la más estricta ortodoxia presupuestaria de la Unión, lo que en román paladino significa un recorte sustancial del gasto público acompañada de un aumento y mayor eficacia en los ingresos.
Gravar más la fiscalidad del patrimonio solo originará fuga de inversiones
Desde la Comisión Europea, antes aún de presentar oficialmente el fondo, ya se había hecho llegar a los distintos gobiernos que "los estados miembros receptores deberán emplear el dinero para modernizar sus economías", incidiendo especialmente en los sectores digital y medioambiental. Y, por otro lado, y en el marco del semestre comunitario, los estados deberán proceder a las reformas económicas y consolidación fiscal recomendadas por la Comisión".
Los recortes de gasto exigidos por Bruselas deberían centrarse en adelgazar una administración elefantiásica para dañar lo menos posibles el Estado de Bienestar y las inversiones necesarias para la reconstrucción
Es decir, una condicionalidad que implica que los estados receptores del Fondo deberán presentar un programa de recuperación que incluya las reformas prescritas por Bruselas que serán duras, dolorosas y prolongadas en el tiempo, y que, en el caso de España, incluyen el mandato incontestable de dejar en papel mojado el vergonzante pacto con Bildu para derogar la reforma laboral.
Reformas y ajustes que implicarán recortes en el Estado de Bienestar porque las subidas fiscales planteadas por el Gobierno, medioambientales, a las tecnológicas o a las transacciones financieras, apenas pueden incrementar la recaudación en poco más de 3.000 millones de euros, cuando se necesitarían al menos 35.000 y, gravar más la fiscalidad del Patrimonio o a las empresas, provocaría no sólo una fuga de inversiones sino un masiva destrucción de empleo.
Llevamos décadas viendo cómo se degrada la función pública que se ha convertido en parte del botín electoral a repartir, por parte de todos los partidos y de sus pactos
La alternativa es, pues, un recorte sustancial de gasto que para dañar lo menos posible a los servicios sociales y las inversiones deberían centrarse en adelgazar una administración elefantiásica. Cierto es que la reforma efectiva de la Administración en sus tres vertientes -central autonómica y local- requiere decisiones que exigen consenso político, acuerdo con las comunidades autónomas y modificar los Estatutos, y eso con un Gobierno y entregado a los nacionalistas para mantenerse en el poder, hoy no es posible. Pero si lo es empezar la cirugía por uno mismo y dar ejemplo.
¿Es, acaso presentable, mantener Un Gobierno con 23 ministerios, el mayor de Europa y el doble de los que tenía el Ejecutivo de Rajoy, mientras las colas del hambre se multiplican por la geografía española reproduciendo las dramáticas imágenes de los primeros años del franquismo? Un gobierno que aprovecha el Estado de Alarma para nombrar a dedo otros 23 cargos públicos y 26 directores generales eximidos de ser funcionarios, frente a los 12 de Rajoy y los 14 de Rodríguez Zapatero, y que ha multiplicado el gasto en asesores, un 46 por ciento más que su antecesor.
Y, como guinda de este pastel de nepotismo, el propio Sánchez no tuvo reparos en reconocer que había abierto de par en par las puertas de Enagas a los exministros José Montilla y Pepe Blanco, además de a un concomitante de Podemos. Algo que, no es nuevo. Llevamos décadas viendo cómo se degrada a la función pública que se ha convertido en parte del botín electoral a repartir, por parte de todos los partidos y de sus pactos. Pero lo que si es censurable es que esta práctica la realicen quienes como el PSOE y Unidas Podemos las condenaban y prometieron acabarlas. ¿Se acuerdan cuando Sánchez censuraba la presencia de ex presidentes en los consejos de administración, o cuando Pablo Iglesias calificaba las puertas giratorias de "corrupción legal e institucionalizada". Por la boca muere el pez.
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