Sánchez es un auténtico acróbata de la política. Si hasta ahora había tomado decisiones contradictorias sobre los test, los trajes EPI o su reparto por las autonomías, el calendario para la desescalada dejó pegada a la silla a la mayoría. Hace unas semanas, se iba a abordar mediante la realización de test serológicos masivos para que los asintomáticos no pudieran contagiar al resto. Al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, se le ocurrió la idea de bombero de encerrarlos en pabellones deportivos de las autonomías que, naturalmente, tuvo que abandonar.
De los test masivos se pasó a unas pruebas selectivas, entre unas 30.000 familias, para determinar el porcentaje de inmunidad entre la población. Nadie sabe a ciencia cierta para qué servirán, porque el resultado no se conocerá hasta finales de mayo o junio, cuando la desescalada esté casi concluida.
Además, uno de los criterios que más puntúa es contar con camas suficientes de UCI y con material sanitario apropiado para combatir la pandemia. Precisamente, fue esta la recomendación realizada a finales de enero por la Organización Mundial de la Salud (OMS), que el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se saltó a la torera, con las dramáticas consecuencias que ya conocemos, en miles e muertos. Consejos vendo, pero para mí no tengo.
El problema es el día después. Europa pedirá ajustes para mandar dinero que Iglesias no acepta
Pero dejemos de lado la lista de contradicciones sanitarias, porque no tenemos espacio suficiente, y centrémonos en la economía. Sánchez recalcó el sábado, 25 de abril, que las fases de la desescalada se habían consultado con los agentes sociales (sindicatos y patronal) y, a continuación, soltó la bomba: los pequeños negocios (bares, restaurantes, peluquerías, etc) podrán abrir desde el 11 de mayo, pero solo al 30 por ciento de su aforo.
Las patronales del pequeño comercio y la hostelería saltaron como un muelle. ¿Cómo era posible sobrevivir con un tercio de los ingresos y la totalidad de los gastos? Por supuesto, nadie les preguntó.
Sánchez volvió a jugársela a Antonio Garamendi, presidente de la patronal, al que informó someramente de las fases de apertura, sin entrar en los detalles. Las empresas conocían con antelación que el 10 de mayo volverían a la actividad y comenzaron a preparar los protocolos sanitarios y de separación. Pero desconocían la limitación de aforos.
Los agentes sociales llevaban semanas pidiendo que los Ertes se alargasen durante seis meses para proteger aquellos negocios que no puedan abrir hasta después del verano o que se permita reincorporar al trabajo solo una parte de la plantilla. Si ni una ni otra cosa es posible, se ponen en riesgo a millones de pequeñas empresas y autónomos. Sobre todo, teniendo en cuenta que la legislación impide los despidos durante los seis próximos meses.
¿Cuál es la solución a este conflicto? En palabras de la vicepresidenta Teresa Ribera: "El que no pueda, que no abra". O sea, que la vuelta al trabajo era un anuncio trampa. Sánchez tira la piedra y esconde la mano.
Después de la bronca montada por las patronales sectoriales, Trabajo admitió este viernes que las empresas puedan sacar del los Ertes a sus empleados poco a poco y se facilite la reducción de jornada. Un gran alivio si se confirma.
Entre las restricciones presupuestarias de la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y el desprecio hacia el mundo empresarial de la titular de Trabajo, Yolanda Díaz, el tejido productivo lleva camino de quedar reducido a cenizas.
Lo peor es que el PIB se hundió el 5,2% solo en los tres primeros meses, la mayor caída de la serie histórica; el paro escaló al 14,4%, tras pulverizar más de medio millón de puestos de trabajo en la última quincena de marzo. La carga para las cuentas públicas se hace insoportable.
El Banco de España calculó una caída de casi el 14% del PIB si la actividad se reanudaba a finales de mayo. ¿Qué pasará si se retrasa un mes, a finales de junio, como propone Sánchez? El desplome es histórico.
En estas circunstancias, es comprensible que tanto el PP de Pablo Casado como los nacionalistas vascos y catalanes hayan empezado a poner tierra por medio. El lehendakari Urkullu pone en duda su respaldo a una prórroga del estado de alarma, mientras que el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, también socio de Sánchez, se preguntó en el Congreso si al Gobierno le interesaba acabar la legislatura. Un aviso a navegantes.
Los presidentes autonómicos están hartos de enterarse por la Prensa de los progresos en la desescalada, al igual que la oposición. "Salvar vidas de los aragoneses, está políticamente muy por delante de salvar al Gobierno de Sánchez", soltó el socialista Javier Lambán, en el parlamento regional.
El pitorreo llega a tal extremo, que la regulación de las normas sobre el desconfinamiento, como salir a correr ó pasear, se ejecutará a través de órdenes ministeriales, que dictará el ministro de Sanidad, con su criterio filosófico. Si lo hace igual que en la adquisición de test o la coordinación de los hospitales, vamos de cráneo.
¿Dónde está el Congreso?, ¿Para qué hemos elegido los ciudadanos a nuestros representantes legislativos? El Parlamento debe supervisar la desescalada, no puede quedar en manos caprichosas, que provocan la destrucción de empresas y de la riqueza nacional.
Sánchez no puede seguir actuando a su libre albedrío. Ante la falta de una oposición fuerte, tuvo que ser Europa la que le paró los pies. Por lo visto, Bruselas presionó con las fases del desconfinamiento porque en Moncloa miraban para otro lado, mientras todas las capitales europeas anunciaban sus planes de reapertura de negocios.
El Gobierno mandó este jueves su plan de previsiones económicas, el único país de los grandes que aún no lo había hecho. El programa dibuja un panorama muy sombrío, que la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF) considera que puede empeorar, a la luz de los acontecimientos antes descritos.
Nadie confía en que la economía se reactive al ritmo previsto del 6,8 por ciento del PIB en 2021. La vicepresidenta tercera, Nadia Calviño, eludió hasta en tres ocasiones la pregunta sobre cuanto tardará en volver la tasa de paro al nivel de comienzos de 2019, así como si habrá rescate. La incertidumbre es absoluta. Con unos presupuestos prorrogados en tres ocasiones consecutivas y con el paro, el déficit y la deuda desbocadas, España es rehén de Europa.
El BCE comprará deuda española por unos 80.000 millones adicionales, que puede ampliarse a 120.000 millones en las próximas semanas. Pero aún debemos buscar financiación por otros 180.000 hasta alcanzar los 300.000 millones adicionales para este año.
La presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, prometió en la última cumbre europea un fondo de reconstrucción por 1,5 billones, del que aproximadamente el diez por ciento, 150.000 millones, irían a nuestro país. Pero nadie sabe de dónde saldrá el dinero ni los condicionantes con que se repartirá entre los países miembros.
Esta semana se hizo viral un vídeo en el que el primer ministro holandés, Mark Rutte, contestaba a un basurero que no iba a dar dinero gratis a España.
En Moncloa se temen lo peor. Mientras dure la pandemia, habrá fondos para financiar los gastos sanitarios. Instrumentos como el fondo Mede, del que nos corresponden 24.000 millones, vinculan los desembolsos a combatir la extinción del virus.
El problema es cómo gestionar el día después. El déficit público estructural alcanzaba el dos por ciento del PIB antes del Covid-19. Pero con el coste del desempleo y la renta mínima (6.000 millones adicionales al año), superará ampliamente el tres por ciento en los próximos años (el límite marcado por Bruselas cuando reanude el procedimiento por déficit excesivo). El Gobierno, además, quiere blindar la subida de las pensiones y la Sanidad, que tendrá un impacto añadido varios miles de millones anuales.
El incremento del gasto social será imposible de financiar con un alza de los impuestos de Sociedades ó del IRPF, como sugirió este viernes la ministra Montero. La recaudación de Sociedades cedió el 8 por ciento en 2019 y se desplomará alrededor del 30 por ciento este año. El alza del IRPF a las rentas altas o el impuesto de Patrimonio aportarán cantidades irrisorias, al igual que la tasa digiral o a las tranferencias financieras.
Las alzas tributarias frenan la actividad y retrasan el despegue económico. Aún así, la tentación es rescatar la subida de los gravámenes a los carburantes y del IVA, que está dos puntos por debajo de la media europea.
La UE exigirá a España recortes públicos. Hay duplicidades entre administraciones, que jamás se eliminaron (volverá el debate sobre la supresión de las diputaciones provinciales ó de las delegaciones de Gobierno) y, probablemente, otro tipo de medidas peores, como alargar la vida laboral o contener el gasto en pensiones.
¿Aceptará el Gobierno este tipo de imposiciones? Zapatero no tuvo más remedio después de recibir la famosa carta de la Unión Europea que instaba a acometer ajustes urgentes en 2012. La mayoría de los analistas auguran en este punto un incremento de las tensiones con Unidas Podemos, que lleven a su líder Pablo Iglesias, a romper la coalición.
La estrategia de Iván Redondo, el gurú de Sánchez, es resistir el embate europeo y mantener el Gobierno unido hasta que la economía comience a remontar el vuelo en la primavera de 2021, fecha en la que convocaría elecciones. La cuestión es si habrá suficiente liquidez para pagar pensionistas, parados y empleados públicos hasta llegar esa fecha. Ya se sabe que la confianza se tarda en ganar mucho tiempo, pero se pierde en un momento.
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