El Gobierno se topó esta semana en el Congreso con las protestas de la oposición ante su propósito de prolongar el estado de alarma más allá del próximo día 9.
Es más, el Ejecutivo pretende servirse de esta situación excepcional a lo largo de todo su plan de desescalada, lo que equivale a extenderla hasta finales de junio. Se trata de un abuso ante el que la oposición no debe seguir callada. Es falso que las restricciones a la movilidad por motivos sanitarios sólo puedan articularse de este modo. Existen otros procedimientos que no implican prolongar sine die las transgresiones de derechos fundamentales. La protección de esas libertades, y la necesidad de evitar una preocupante deriva autoritaria (de la que ya hay indicios) exigen que el estado de alarma termine ya.
