El fin de la hibernación de las actividades no esenciales abre otro foco de tensión entre PSOE y Podemos en el Gobierno. La causa es el rechazo del vicepresidente Pablo Iglesias a esa medida y su obstinación en que el parón de la industria se prolongue, como mínimo, otros 15 días.
No se puede decir que la posición de Iglesias sorprenda. Ya el mes pasado, en el inicio de la actual crisis, abogó por una parálisis total, pese al alto precio que supondría abocar a la economía española a una recesión aún más profunda que la que ya se cierne sobre ella (el FMI prevé una contracción del 8% ya en el presente ejercicio).
El regreso a la actividad se ha conducido con evidente precipitación y falta de preparativos (como denuncian los Gobiernos vasco y madrileño), pero es una medida necesaria para evitar daños tan irreparables como que se vea rota la cadena de suministros de nuestra industria, que proporciona componentes a las empresas de otros países. Lejos de detener esta reactivación, lo que urge es que el Gobierno dote a las empresas del equipo necesario (mascarillas y trajes Epi) para acometerla con la máxima seguridad, tal y como ocurre en Estados Unidos y Alemania
Iglesias hace alarde de tan temeraria actitud también en otros campos. Ya en el primer Consejo de Ministros extraordinario abogó por la nacionalización de empresas eléctricas y medios de comunicación. Desde entonces, no ha dejado de abundar en tan inaceptable reivindicación, haciendo interpretaciones espurias del artículo 128 de la Constitución, y amenazando el legítimo derecho a la propiedad privada en ámbitos como el inmobiliario. Poco importa que esa políticas sean reprobadas con contundencia por la UE (insta a que los rescates públicos de empresas sean el último recurso) y que el precedente venezolano demuestre el caos económico al que dicho estatalismo aboca.
Podemos ha hecho toda una estrategia de la defensa de posiciones extremistas como se ve igualmente en su afán por implantar una cuantiosa renta mínima vital (con un coste de 3.500 millones al año) o incluso oponiéndose a la convocatoria de unos nuevos Pactos de La Moncloa, por su afán de despreciar toda afinidad con la Transición.
Si a ello se suman sus constantes ataques a la clase empresarial, resulta claro que al partido morado le interesa, para el desarrollo de su ideario radical, seguir creando tensiones internas en el Gobierno y, lo que aún es peor, abocar a la economía a un escenario todavía más negativo del que ya presenta.
Frente a estos argumentos, y dada la gravedad de la actual crisis, el presidente Sánchez tiene que tomar la iniciativa y liberarse de la influencia de Podemos. Urge un Gobierno de concentración nacional, que agrupe a todos los partidos del arco parlamentario.