El Gobierno anunció ayer el que ya es su tercer paquete de medidas económicas contra la crisis creada por el coronavirus. La experiencia acumulada no impide que se sigan repitiendo las importantes deficiencias observadas tras los anteriores Consejos de Ministros. De nuevo, es evidente la ausencia de diálogo con la oposición y, sobre todo, con las empresas, sin cuya implicación es imposible un desarrollo efectivo de todas estas medidas.
Esa carencia ya provocó que una medida de tan hondo alcance como la paralización de la actividad no esencial siga inmersa en la confusión. De hecho, tras la moratoria improvisada del lunes, aún no estaba claro cuáles eran las fábricas a las que se permite seguir en funcionamiento. Hasta el punto de que fue necesario que Industria publicara una nota aclaratoria la cual, al no ser legalmente vinculante, aún necesitará otra aclaración del Consejo de Ministros que aparecerá en el BOE de hoy. La misma sensación de falta de planificación se suscita al analizar las medidas aprobadas ayer. Resulta inaudito que la esperada moratoria en los pagos a la Seguridad Social de pymes y autónomos, se apruebe el mismo día en que aquellos tuvieron que hacer efectivo el pago de sus cuotas relativas a marzo (y, además, por partida doble en ese mes, ya que pagaron el día 2 y el 31).
Pablo Iglesias usa como coartada la actual crisis para volver a abogar por intolerables políticas de corte bolivariano
Pero todavía más reprochable es el alarmante sesgo hostil que las medidas del Gobierno siguen mostrando hacia determinados actores económicos. El Ejecutivo parece complacerse en contraponer una clara voluntad de auxiliar a ciertos colectivos (empleadas del hogar, trabajadores temporales...), con el deseo de castigar sectores como los inversores o los fondos de capital riesgo. El mejor ejemplo son las iniciativas tomadas en el alquiler residencial. A los poseedores de más de 10 viviendas en arrendamiento se les imponen dos opciones:conceder una moratoria de cuatro meses en los pagos, que podrán devolverse en tres años o aceptar una quita del 50%, también durante cuatro meses. Resulta inaceptable que a una empresa o inversor se le fuerce a renunciar a su legítimo beneficio, o incluso a incurrir en pérdidas, en aras de unos trasnochados prejuicios ideológicos.
La tensión que ya muestra la prima de riesgo es un síntoma de la incertidumbre que el vicepresidente ya siembra
De hecho, el aspecto más grave del último Consejo de Ministros fue que sirvió de plataforma para que el líder de Podemos, Pablo Iglesias, volviera a hacer una invocación espuria del artículo 128 de la Constitución, y aseverara que toda la riqueza del país "está al servicio del interés general". Palabras como éstas podrían pasar por un mero exabrupto en boca de un politico sin responsabilidades de Gobierno, Pronunciadas por un vicepresidente segundo del Ejecutivo constituyen una inquietante insinuación sobre posibles nacionalizaciones de empresas o de capitales de particulares. No se trata de elucubraciones. La evolución de la prima de riesgo española así lo manifiesta, tras elevarse ayer siete puntos de una sola vez. Deben también considerarse los peligrosos antecedentes de Iglesias. Ya en el inicio de la peor crisis de la historia reciente, buscó imponer sus posturas extremistas en el Consejo de Ministros y presionó para expropiar eléctricas e incluso medios de comunicación. Ahora, se sirve sin escrúpulos de la confusión que la epidemia sigue creando para volver a intentar un proyecto intolerable: sembrar incertidumbre sobre el derecho a la propiedad privada, y la libertad de empresa, e implantar una politica de corte bolivariano. El nefasto ejemplo de Venezuela es la mejor demostración de la debacle que espera a España, si se da el más mínimo margen al comunismo populista que Iglesias propugna.