El Gobierno ha aprobado en Consejo de Ministros el lote de medidas que ha pactado con Podemos para ayudar a las familias afectadas por la crisis del coronavirus a pagar el alquiler. Unas ayudas que, según los cálculos del Ejecutivo, pueden afectar a 500.000 familias en España.
El plan, que se articula sobre cinco pilares, contempla movilizar hasta 700 millones de euros en líneas de crédito sin intereses y ayudas para que los inquilinos con problemas económicos conyunturales o estructurales fruto de la emergencia sanitaria y el freno de la económica abonen las rentas sin problemas.
La idea es que, una vez recuperadas del bache, las familias devuelvan los microcréditos en un periodo de entre tres y seis años, en función de su capacidad económica
Por un lado, el Ejecutivo ha aprobado habilitar "préstamos a coste cero" a través del ICO para ayudar a las familias afectadas por la crisis a pagar. La idea es que, una vez recuperadas del bache, éstas devuelvan los microcréditos en un periodo de entre seis y diez años, en función de su capacidad económica y las dificultades que atraviesen. Esta medida está pensada para personas en paro, trabajadores afectados por ERTEs o reducción de jornadas y para autónomos que vean minorados sus ingresos por el freno a la actividad económica y las restricciones a la movilidad.
Para los colectivos más vulnerables y que queden mucho más afectados por la crisis, el Gobierno tiene previsto coger los fondos del Plan Estatal de Vivienda, dotado con 400 millones de euros para los próximos dos años, para ayudar a que estas familias puedan pagar el alquiler. Estas ayudas sólo se destinarán para cubrir alquileres de hasta 900 euros al mes y 200 euros en suministros.
Estas ayudas sólo se destinarán para cubrir alquileres de hasta 900 euros al mes
"Si hay inquilinos que aun así no puedan hacer frente al pago del alquiler de su vivienda, van a contar con el apoyo del Gobierno. El Estado se hará cargo con fondos públicos de las deudas de todos aquellos inquilinos en situación de vulnerabilidad por la crisis del coronavirus que no logren salir de esa situación y finalmente no puedan hacer frente a la devolución de las ayudas públicas para el pago del alquiler", explica el vicepresidente tercero del Gobierno, Pablo Iglesias.
Moratorias y prórrogas
El Real Decreto de ayudas al alquiler también incluye moratorias en el pago de las rentas a los grandes propietarios, una suspensión de los desahucios y la prórroga de los contratos. Los partidos del Gobierno han acordado exigir a Blackstone, el fondo con más viviendas en España, y a las socimis que apliquen a sus inquilinos con problemas una moratoria de cuatro meses en el pago de las rentas. Ejecutivo de coalición plantea que las familias afectadas puedan solicitar una quita del 50% de la deuda generada en esos meses o reestructurar para pagarla en tres años. Dentro de los grandes tenedores de vivienda también se incluyen a las propietarios de más de diez casas.
"Si un inquilino está en situación de vulnerabilidad y su casero es un gran fondo o tenedor de viviendas, este tendrá que elegir entre dos opciones. O bien llevar a cabo la quita del 50% de la deuda del inquilino o bien reestructurar esa deuda para que pueda pagarla a lo largo de tres años. De este modo garantizamos que los grandes tenedores de vivienda arriman el hombro para asegurar", explicó Iglesias tras el Consejo de Ministros.
"En el caso de los grandes tenedores no estamos hablando de condonaciones, si no de incentivos, de reestructuraciones de deuda. Habrá medidas de cara a los arrendatarios y arrendadores en función de si es una crisis coyuntural o estructural", aseguró en una rueda prensa la noche anterior Ábalos.
Otra de las medidas destacadas es la paralización durante seis meses de todos los procesos de desahucio iniciados y la prórroga de seis meses obligatoria de todos los contratos de arrendamiento que vayan a vencer en estos meses de paralización económica. La idea es evitar expulsiones y subidas de las rentas.
En cuanto a las hipotecas, el Gobierno amplía a 3 meses la moratoria hipotecaria y extiende la medida a todo tipo de préstamos no hipotecarios que mantengan las personas en situación de vulnerabilidad económica, incluyendo los créditos al consumo. También incluye en la moratoria a las oficinas y los locales de los autónomos cuya actividad haya sido suspendida por el estado de alarma o si su facturación ha caído significativamente.
El 90% de los pisos, en manos de particulares
El 90% de las viviendas que forma el parque de alquiler en España están en manos de particulares que cuentan con entre una y ocho viviendas en renta, por lo que solo el 10% restante es propiedad de grandes tenedores, donde entran en juego los fondos, las socimis y gestoras especialistas en este mercado.
La mayoría de estos gigantes del alquiler ya han lanzado a lo largo de las últimas dos semanas medidas para flexibilizar el cobro de las rentas. Así, la primera en dar el paso fue Lazora, que con una cartera de 7.000 pisos, anunció el aplazamiento de dos mensualidades para sus clientes que entre dentro de los criterios que el Gobierno aprobó para la moratoria hipotecaria.
Blackstone, que tienen sus viviendas a través de las compañías Testa, Anticipa, Fidere y Aliseda, asegura que está trabajando "en estrecha colaboración con nuestros inquilinos, solucionando caso por caso y teniendo en cuenta las medidas establecidas por el Gobierno, para ayudarles en estos complicados momentos".
Por su parte, la socimi Témpore, participada por el fondo TPG y Sareb, también ha aprobado medidas para flexibilizar el pago de las rentas a las familias afectadas por planes de regulación de empleo, mediante el diferimiento del pago de una parte del recibo mensual durante un plazo máximo de 6 meses.
