Mientras el Gobierno analiza si lanza o no una moratoria para el alquiler, al igual que ha hecho ya con las hipotecas, la empresa privada Lazora, una de las mayores gestoras de vivienda en alquiler en España, se adelanta al Ejecutivo y lanza su propia moratoria.
Concretamente, ante el impacto del coronavirus en la economía y el empleo, y en línea con su política de responsabilidad social, Lazora, ha decidido tomar la iniciativa y aplazar el pago del alquiler a aquellas familias cuya situación se vea deteriorada como consecuencia del impacto en su economía del Covid19.
Los criterios para poder acceder a este programa toman como base los que el Gobierno ha establecido para la moratoria del pago de hipotecas en el Real Decreto Ley 8/2020 de medidas urgentes extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19, adoptado el pasado martes.
El programa consiste en aplicar condiciones especiales de aplazamiento del pago de las rentas durante el periodo de estado de alarma y el fraccionamiento posterior, durante un año, de las rentas no abonadas.
Lazora nació hace 17 años con el objetivo de proveer vivienda en alquiler a largo plazo, ofreciendo desde 2003 soluciones de alquiler a más de 30.000 familias en toda España. La mitad de las viviendas que gestiona son protegidas y la otra mitad están en el mercado libre.
La compañía cuenta con un equipo de asistencia y mediación social que "analizará de forma individualizada cada situación para poder ofrecer así las alternativas que mejor se adecuen a cada circunstancia. Para ello, ha habilitado un canal especial de comunicación a disposición de todos sus inquilinos", explican desde Lazora.
Así se lo ha comunicado a todos ellos, alrededor de 7.000 en toda España, en una carta enviada hoy en la que también les informa de las medidas extraordinarias que ha adoptado en materia de seguridad sanitaria en todos los edificios que gestiona.
Requisitos para la moratoria hipotecaria
Los clientes que por el impacto económico del Covid-19 pasen a estar en paro o aquellos empresarios o profesionales que sufran una "pérdida sustancial" de sus ingresos o una "caída sustancial de sus ventas". O en las ocasiones que el conjunto de los ingresos de los miembros de la unidad familiar no supere, en el mes anterior a la solicitud de la moratoria.
Para ello, el real decreto-ley establece el límite de tres veces el Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples mensual (en adelante IPREM). Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada hijo a cargo en la unidad familiar. El incremento aplicable por hijo a cargo será de 0,15 veces el IPREM por cada hijo en el caso de unidad familiar monoparental. Este límite se incrementará en 0,1 veces el IPREM por cada persona mayor de 65 años miembro de la unidad familiar. En caso de que alguno de los miembros de la unidad familiar tenga declarada discapacidad superior al 33%, situación de dependencia o enfermedad que le incapacite acreditadamente de forma permanente para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cuatro veces el IPREM, sin perjuicio de los incrementos acumulados por hijo a cargo.
En el caso de que el deudor hipotecario sea persona con parálisis cerebral, con enfermedad mental, o con discapacidad intelectual, con un grado de discapacidad reconocido igual o superior al 33% o persona con discapacidad física o sensorial, con un grado de discapacidad reconocida igual o superior al 65%, así como en los casos de enfermedad grave que incapacite acreditadamente, a la persona o a su cuidador, para realizar una actividad laboral, el límite previsto será de cinco veces el IPREM.
Además, la cuota hipotecaria, más los gastos y suministros básicos debe resultar superior o igual al 35% de los ingresos netos que perciba el conjunto de los miembros de la unidad familiar.
Por otro lado, podrán solicitarla la unidad familiar que haya sufrido una alteración significativa de sus circunstancias económicas por la emergencia sanitaria y la carga hipotecaria sobre la renta familiar se multiplique por, al menos, 1,3, o aquellas deudores que hayan sufrido una caída de al menos el 40% de las ventas.
Aumenta la limpieza en edificios
Tras tener conocimiento de las primeras noticias sobre la llegada de este virus a nuestro país, Lazora contactó con todas las empresas de limpieza con las que trabajan para reforzar los protocolos de limpieza y desinfección en los edificios. Asimismo, y en línea con las recomendaciones sanitarias, se han cerrado zonas comunes como pistas de pádel, piscinas, gimnasios, salas de reuniones u otros espacios polivalentes, en aquellos edificios en los que existen. A todo el personal de limpieza, de seguridad, incidencias y mantenimiento se les envió un estricto protocolo de medidas de sanidad, como el uso de guantes, mascarillas y distancia física.
Además, se ha encargado realizar en todas las zonas comunes de los edificios un proceso de desinfección sanitaria especial conocido como "nebulización". Este proceso –que ya se ha iniciado en algunos edificios y que finalizará por completo la próxima semana– neutraliza virus, bacterias y hongos que se encuentran en lugares de difícil acceso, y posibilita que los distintos principios activos utilizados permanezcan más tiempo suspendidos en el aire y al depositarse cubran una mayor superficie, aumentando así su eficacia.
Desde Lazora agradecen "la labor silenciosa realizada por todos sus colaboradores y empleados que, a pesar de la declaración del estado de alarma, y respetando estrictas medidas de seguridad, siguen operando al cien por cien".