No se puede utilizar esta crisis para despedir... a la economía de mercado

El vicepresidente Pablo Iglesias ha vuelto a mencionar este martes en rueda de prensa el artículo 128 de la Constitución, el mismo que viene blandiendo desde que comenzó la emergencia sanitaria. Un artículo que ha eternizado las últimas reuniones del Consejo de Ministros con discusiones sobre si hay que nacionalizar empresas estratégicas y socializar el patrimonio de los españoles.

El Gobierno se debate entre el libre mercado y la planificación económica desde que empezaron a producirse los mismos contagios que en su momento negó. Y eso abre la puerta al comunismo y deja al país a merced del peor virus económico: el de la inseguridad jurídica.

De hecho, el líder de Unidas Podemos, empeñado en abundar en la idea de la socialización del ahorro de los españoles, volvió a incurrir en todos los mantras de la ultraizquierda, esos que escondidos bajo el buenismo de la protección a los más vulnerables acaban desprotegiendo al conjunto de la sociedad y vulneran uno de los derechos fundamentales como el del mantenimiento de la paz social.

Iglesias y su formación política, socios de Gobierno de Pedro Sánchez, mantienen que un arrendatario que tiene un piso merece más protección que uno que tiene doce y alimentan la presunción de que los empresarios aprovecharán la crisis para despedir. Una hostilidad hacia las empresas que va acompañada de discursos populistas y anuncios de ayudas y subsidios estatales con los que se pretende conseguir que la izquierda radical se perpetúe en el poder.

Como señalan los expertos económicos y legales consultados, cargar a los fondos de inversión o a las personas con un determinado número de viviendas alquiladas con obligaciones diferentes a las que tienen los pequeños propietarios supone colectivizar sin que haya una indemnización.

Del mismo modo, obligar al cierre de las empresas en base al interés general, discriminando unas de otras por la actividad que ejercen y sin la indemnización correspondiente al daño causado, supone distorsionar el mercado y debilitar el tejido productivo. La incautación sin previo aviso de material sanitario en poder de empresas privadas no solo introdujo dificultades insalvables en la cadena de suministro, sino que también ha transmitido el mensaje de que no se guardan las garantías del Estado de Derecho y que la seguridad jurídica brilla por su ausencia.

Esa actitud, propia de estados fallidos como Venezuela o Cuba, no se corresponde con las prácticas admitidas en los países democráticos y de economía de mercado. De hecho, la medida dio pésimos resultados y bloqueó durante semanas cruciales la llegada de material médico a España.

Del mismo modo, dificultar los despidos en las empresas y obligarlas a usar fórmulas jurídicas inapropiadas para salir del paso no hace sino retrasar los acontecimientos sin solucionar el problema de fondo. Y eso conduce a las empresas afectadas a situaciones de crisis y deja a los trabajadores desprotegidos y sin derecho a recibir ayudas. En el fondo, se trata de cargar a empresas y particulares con las obligaciones propias del Estado dificultando su actividad.

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