Por tercer año consecutivo, las pensiones han quedado sujetas a la evolución del IPC. Por tanto, en 2020 avanzarán un 0,9% como mínimo (con una posible paga compensatoria si la inflación rebasa ese nivel). Dicha revinculación al índice de precios lleva ya camino de convertirse en permanente, mostrando incluso un blindaje con rango de ley.
Es la intención de la mayoría de los partidos que componen la comisión del Pacto de Toledo que hoy vuelve a reunirse. Es cierto que en este foro serán especialmente difíciles las unanimidades, por la entrada de Vox, un partido que está casi solo en su defensa de un sistema de capitalización mixto público-privado. Con todo, bastará un "consenso de máximos" para que salga adelante la indexación permanente de las pensiones al IPC. Constituye una muy mala noticia este regreso a la situación, previa a la necesaria racionalización del gasto de la Seguridad Social, que comenzó con la reforma de 2013. Los pilares básicos de la reforma, en especial la aplicación de un factor de sostenibilidad variable según la esperanza de vida, quedarán socavados en un momento crítico para esta Administración. Su desembolso mensual en pensiones ya ha alcanzado máximos históricos y sigue al alza por inercias tan difíciles como corregir como el fuerte envejecimiento demográfico y la inminente llegada a su jubilación de un cuantioso sector de la población (la generación baby-boom).
La más que posible revinculación permanente de las pensiones al IPC llega en el peor momento para el sistema público
La revinculación al IPC sólo pondrá en mayores apuros a la Seguridad Social. El hecho de que sus números rojos vayan a suponer el 90% del déficit público total en 2023 debería hacer saltar las alarmas. Máxime cuando no está claro cómo se financiará ese agujero, si no elevando fuertemente los impuestos e incluso la deuda pública.
