Google ha anunciado que va a poner fin a la práctica conocida como el "doble irlandés", que consiste en enviar los beneficios que la compañía obtiene en la Unión Europea a paraísos fiscales desde su filial situada en Irlanda, mediante la cual ha estado evitando durante años el pago de importantes sumas en el impuesto de sociedades, tanto en Europa como en Estados Unidos. Resulta que su intención es dejar de transferir esos beneficios a paraísos fiscales y repatriarlos a los Estados Unidos y, por consiguiente, declararlos en el país dónde tienen su cuartel general.
Que nadie piense que este cambio se debe a un atisbo de honradez repentino de los responsables del gigante tecnológico, para nada. Por una parte, Irlanda ha realizado cambios en sus leyes con el objetivo de acabar con esta práctica y, por otra, la Administración Trump ha bajado los impuestos a las grandes empresas americanas a la vez que ha anunciado una subida de la fiscalidad de los beneficios que éstas obtienen fuera de sus fronteras. Conclusión, a Google ahora le interesa más declarar tales beneficios en Estados Unidos en lugar de hacerlo en Europa.
El cambio en la tributación en Google no se debe a un atisbo de honradez repentino
Bien por Trump, pero en Europa seguimos teniendo el mismo problema debido a las diferencias de los tipos impositivos del impuesto de sociedades entre los distintos estados. Cuando las compañías que operan en Internet deciden situar su sede en la Unión Europea suelen elegir un país con baja carga fiscal ya que, al carecer de sedes, fábricas o de otros establecimientos en el resto de países miembros, consiguen tributar por el total de beneficios generados en el conjunto de la unión únicamente en el país dónde tienen su sede fiscal. En el caso de Google es Irlanda, dónde el tipo medio del impuesto de sociedades es del 12,5%, muy inferior al tipo de la mayoría de socios europeos, como Reino Unido (21%); España (25%); Alemania (30,2%) o Francia (38%).
La tasa a las tecnológica debe aplicarse de forma coordinada por muchos países
No es de extrañar que algunos países, con Francia a la cabeza, hayan decidido gravar los beneficios generados por las empresas tecnológicas dentro de sus fronteras con un impuesto propio, la conocida como tasa Google, la misma que se incluye en el reciente acuerdo para la investidura entre el PSOE y Unidas Podemos. No obstante, esta medida unilateral no está bien vista por todos los socios europeos y pierde eficacia si no se aplica de forma coordinada por un número importante de países. Además, actualmente también ayuda a avivar la guerra comercial con los Estados Unidos, dado que Trump ya ha anunciado represalias contra todos los países que decidan imponerla.
Sin embargo, la solución podría venir de la mano de la OCDE antes de un año, ya que este organismo está trabajando para impulsar una reforma tributaria de alcance internacional, que podría entrar en vigor a finales de 2020, la cual se sustenta en dos pilares fundamentales. Por una parte, establecer un impuesto mundial a las multinacionales de servicios (incluidas las tecnológicas) que se redistribuiría posteriormente entre los países dónde residen sus clientes, siguiendo la filosofía de la tasa Google a la que pondría fin. Y, por otra, fijar un importe mínimo del impuesto de sociedades en todos los países, para terminar así con el llamado dumping fiscal generado por las diferencias de tributación entre los tipos impositivos aplicados.
El objetivo es redistribuir de forma más equitativa a nivel mundial los ingentes beneficios que las multinacionales tecnológicas generan en todo el planeta y poder poner fin a las prácticas elusivas que han estado practicando hasta ahora. Y es que, aunque lo llamen nueva economía, sus intenciones son tan viejas como los tiempos, hacer negocios y no pagar impuestos.
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