Por segunda vez desde las elecciones del 10-N, Pedro Sánchez y Pablo Iglesias venden desde el Congreso de los Diputados su hoja de ruta económica, una reedición de su acuerdo presupuestario y de las cesiones programáticas que en su día hizo el líder del PSOE a Podemos para granjearse su apoyo. Así pues, el documento Un nuevo acuerdo para España, de 49 páginas, no encierra sustanciales novedades sino diferente nivel de concreción en las medidas ya esbozadas anteriormente, lo cual no se torna un buen presagio, al faltar una verdadera readaptación al nuevo horizonte de desaceleración. Prueba de ello, sin ir más lejos, la falta de memoria económica acompañando a las medidas.
Pero la urgencia de Sánchez por formar Gobierno ha arrasado con cualquier consideración de carácter técnico sobre la procedencia de replantear ahora medidas marco pactadas en momentos anteriores con Iglesias. Así que el programa frankestein presentado el lunes en el Congreso por los líderes del PSOE y Unidas Podemos se torna en una amalgama de propuestas sin una idea estratégica común salvo la de machacar eslóganes de la izquierda radical como el cerco fiscal a los ricos, la demonización del empresario o la hiperregulación. Ello, además, partiendo de una pacata y falaz definición de 'rico' y castigando a los creadores de empleo y riqueza para el país, sin además plantear soluciones reales y de impacto calculado a los problemas estructurales que aquejan a la estructura económica española.
Impuestos, pensiones, vivienda y empleo
Por ejemplo, en materia de impuestos España recauda menos que otros socios europeos teniendo tipos impositivos más altos. Algo que hay que arreglar, como es sabido, con una reforma fiscal enfocada a la eficacia. Pues no, la idea de PSOE y Unidas Podemos es elevar el IRPF de los asalariados que cobran más de 130.000 euros, menos del 0,5% de los contribuyentes. No parece que así vaya a dar un vuelco a la tendencia de las arcas públicas, sino a penalizar fiscalmente a profesionales de alto nivel que ganan ese sueldo tras largas trayectorias académicas y laborales, una medida pues desincentivadora de la meritrocracia y el progreso que, en consecuencia, fomenta lo contrario: la cultura de la subvención y la sociedad del clientelismo.
En otro punto clave, las pensiones, el documento de PSOE y Podemos se limita a hacer suyo un consenso del arco parlamentario que ya se plegó a regresar a la revalorización de las pagas vinculada a la inflación. Y además, los conciliadores socios 'progresistas' se arrogan esa medida al margen del Pacto de Toledo, por cuya supervisión ha de pasar cualquier actuación en la materia y cuyas negociaciones fracasaron precisamente por el plante de la formación morada. Eso sí, no dicen cómo embridar las cuentas de la Seguridad Social para abordar el mayor desembolso en pensiones. Si bien atisban la voluntad de reducir los gastos impropios del Sistema, sin duda algo necesario, no abordan cuáles y cómo, lo cual se queda en palabrería vana porque esa delimitación es un paso ineludible hacia el reequilibrio del Sistema. Seguimos con la Seguridad Social en un arcano.
En materia de vivienda, el acuerdo propugna un control e hiperregulación del alquiler incompatible con el libre mercado y la equidad económica, que además discriminará las "zonas más tensionadas", un criterio ("tensionado") que no suena muy técnico como para abordar un control de precios que, como se ha constatado en otros países, lo primero que hace es espantar a los inversores. Y en un país como España que padeció una grave crisis inmobiliaria de la que aún quedan retazos no parece en absoluto prudente tomar medidas que ahuyenten al capital de la construcción. Teniendo en cuenta que, con el turismo, es uno de los baluartes del país, no parece que la propuesta esté bien enfocada.
Por otra parte, en materia laboral el documento es una sucesión de voluntarismos ajenos a la realidad de un país que pese a haber reducido a la mitad la tasa de paro desde el peor punto de la crisis, aún tiene el mayor desempleo de la UE solo por detrás de la rescatada Grecia. Propone derogar una reforma laboral que, les guste o no acometió el PP, y que ha logrado, como constata el Banco de España, que nuestra economía pueda crear empleo con el PIB creciendo incluso menos del 1%, algo impensable antes de la crisis y antes de la reforma popular. Añade la promesa de un salario mínimo interprofesional (SMI) que escalará hasta los 1.200 euros aunque la desaceleración anuncie estrecheces en las plantillas y ocultando el detalle de que el alza del SMI tiene un efecto arrastre sobre las cotizaciones de todos los trabajadores elevando la cuota empresarial en un porcentaje correlativo, lo que detendrá decisiones de contratación o provocará reducciones de horario amén de alentar el fraude. Y, como colofón, propugnan la derogación de la sentencia sobre el absentismo por enfermedad, que, si bien es preciso y urgente arbitrar los mecanismos necesarios para que esa sentencia no se convierta en una palanca para propiciar abusos sobre trabajadores diligentes en situación de incapacidad temporal, su formulación desvela el mesianismo de los mensajes de los sociocomunistas porque se derogan leyes y no sentencias judiciales.
Las inconsistencias de estas cuatro áreas clave se suceden por todo el documento. Es lo que pasa cuando la hoja de ruta económica no se ajusta a la coyuntura sino a la urgencia política, pero a la premura política de dos líderes, Sánchez e Iglesias, no la del país, porque esa no les importó cuando se pudo evitar ir a elecciones el 10-N con un acuerdo programático prácticamente calcado al presentado el lunes y con sus mismas lagunas y desacoples con la coyuntura.
