
El presidente de la Generalitat, Quim Torra, hizo gala de su desacatamiento a la Junta Electoral Central en las elecciones de la pasada primavera, en el juicio por esta causa celebrado ayer.
Su actitud desafiante era más que previsible. La demostró cuando se negó a retirar los lazos amarillos que ostentaban los edificios públicos catalanes. No dejó tampoco de reiterarla en toda la fase de instrucción y estaba claro que no la abandonaría ayer, cuando la causa quedó vista para sentencia. Torra es muy consciente de que le conviene la inhabilitación a la que, muy probablemente será condenado, ya que ése puede ser el perfecto catalizador para un nuevo adelanto de las elecciones autonómicas en las que el president piensa que tiene mucho que ganar.
Al 'president' le interesa propiciar un adelanto electoral y usar políticamente la condena judicial que lo inhabilite
Aunque la inhabilitación quede recurrida ante el Supremo, resulta obvio que la búsqueda de un sustituto para Torra tendrá que activarse, y se verá entonces que resulta misión imposible. Junts per Cat y ERC no suman mayoría suficiente y la CUP ya quiere volver a adelantar las elecciones. En la campaña de esos comicios, Torra tendrá oportunidad de presentarse como un nuevo mártir de la causa del procés y podrá capitalizar así el avance que Junts per Cat mostró el pasado 10-N frente a ERC. A Torra, por tanto, le conviene seguir fomentando el enfrentamiento y la interinidad en el Govern (cuyos Presupuestos están prorrogados desde 2018). Es un escenario beneficioso para su interés personal y partidista, pero nefasto para la economía catalana. Seat ya ha asegurado que cuenta con "otras opciones" para sus instalaciones en Cataluña si prosiguen los disturbios. Los traslados de centros de producción, y la consiguiente destrucción de puestos de trabajo, amenazan también en otros sectores industriales.