El presidente de la Generalitat, Quim Torra, ha admitido ante el juez su desobediencia a las órdenes de la Junta Electoral Central (JEC) para retirar símbolos independentistas en el periodo electoral de primavera. En el juicio que tiene lugar este lunes en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha argumentado que desobedeció porque era una "orden ilegal" y que suponía "un acto de censura" que no estaba dispuesto a permitir.
En este sentido, ha expuesto que la JEC "no es un organismo superior al presidente de la Generalitat", y actuó en un contexto de convocatoria de elecciones a Cortes españolas, por lo que la Generalitat no era parte implicada.
Ha añadido que la JEC le amenazó y prevaricó, y que "es posible que haya incurrido en un delito de coacciones, porque no tenía competencia para exigir la retirada de símbolos".
Torra, procesado por un presunto delito de desobediencia y que solo ha respondido a su abogado Gonzalo Boye, ha reivindicado que su deber como presidente de la Generalitat era "defender los derechos y libertades que han costado mucho de conseguir", como la libertad de expresión.
Así, en su declaración ha repasado los argumentos que ha ido esgrimiendo desde que se inició el caso en marzo, como que el Parlament aprobó en dos ocasiones por una mayoría de dos tercios rechazar la retirada de los lazos amarillos, y ha afirmado que la pancarta del balcón de la Generalitat "por la libertad de los presos políticos y retorno de los exiliados" que se negó a retirar hasta una vez expirado el plazo fijado por la JEC expresa un "deseo mayoritario de la sociedad catalana".
Defensa de los símbolos
Durante el juicio, Torra ha aducido que los lazos amarillos no son un símbolo partidista, sino que "apela al deseo de justicia, presunción de inocencia, protesta y libre ejercicio de los derechos políticos".
Del mismo modo, ha considerado que la expresión "presos políticos" tampoco es partidista porque forma parte de la libertad de expresión, y "no es patrimonio de nadie, sino patrimonio de todo el que trabaja por la libertad", aunque haya a quien le moleste y abandone la sala cuando se menciona, en alusión al presidente de la sala, Jesús María Barrientos, que se fue de un acto público por ello, y al que la defensa de Torra intentó recusar para este juicio –la petición fue denegada-.
"No podemos olvidar a la gente que más ha sufrido para permitir al pueblo de Cataluña poder votar en un referéndum de autodeterminación su futuro político", ha defendido.
Postura de la Fiscalía
El fiscal del caso, Francisco Bañeres, ha incidido en que no se juzga la libertad de exhibir una pancarta o símbolos, sino el hacerlo en periodo electoral, cuando "cabe imponer determinadas limitaciones por el criterio de neutralidad y objetividad de los poderes públicos".
Ha ejemplificado que "el lazo amarillo no es un símbolo compartido por toda la ciudadanía de Cataluña y por tanto no es neutral", y ha defendido que no se puede negar el ámbito competencial de la JEC respecto de todos los poderes públicos, incluso el Gobierno central, y en este caso teniendo en cuenta que no existe una junta electoral catalana porque no existe una ley electoral autonómica.
Tensión entre Torra y Barrientos
El interrogatorio a Torra ha sido interrumpido al inicio por Barrientos, después de que el presidente catalán haya enunciado que declinaba responder a la acusación popular, ejercida por Vox, por ser un "partido franquista".
Barrientos ha cortado al presidente catalán para advertirle de que no permitiría "descalificaciones", ante lo que Torra ha replicado que, si no se le permitía expresarse entonces –cuando también ha rechazado responder al Ministerio Fiscal-, lo deberá hacer en el ejercicio de su derecho a la última palabra al final del juicio.
Última Palabra
En el uso de este derecho, ha dicho que no ha contestado al Ministerio Fiscal porque desde que el presidente del Gobierno en funciones, Pedro Sánchez, dijo que dependía del Gobierno, "dejó de tener ningún tipo de imparcialidad: Ya no es un organismo que vela por la legalidad sino por los intereses del Gobierno".
También ha afirmado lo que ya avanzó este domingo, que no venía al juicio a defenderse sino a acusar al Estado, y ha aseverado: "Si por defender los derechos de mis compatriotas soy condenado, bienvenido sea". Con todo, si la sentencia no es absolutoria, ha avanzado que el caso llegará a los tribunales europeos, "donde los catalanes encontramos la Justicia que ya no encontramos aquí".
"Me podéis condenar, pero no cambiaréis la legitimidad de quienes me eligieron, ni el compromiso que tengo con el pueblo de Cataluña, ni la voluntad del pueblo de Cataluña, ni cambiaréis el destino de este país", ha enumerado.
"Vuestra condena será vuestra condena. Solo el Parlament elige a los presidentes de Cataluña y los censura. Seré el presidente de Cataluña hasta que el Parlament no me retire la confianza. Viva Cataluña libre", ha concluido desafiante.
La defensa ha afirmado en varias ocasiones que la percepción de Quim Torra no es de que ha sido juzgado por un tribunal imparcial y, en su intervención, el presidente de la Generalitat ha opinado: "La JEC había tomado ya una decisión en la que se amenazaba sabiendo que no podía cumplir esa orden ilegal porque era prevaricar y que acabaríamos aquí".
De hecho, la defensa de Torra ha solicitado elevar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea varias cuestiones prejudiciales vinculadas con la imparcialidad del juez instructor y del presidente de la sala que ha dejado el caso visto para sentencia, pero el juez lo ha descartado por "extemporáneo" al anunciarse en el informe final. Boye ya ha avanzado que lo volverán a pedir si ven necesario un recurso de casación ante el Tribunal Supremo -si la sentencia no es absolutoria-.
Testigos descartados
La mañana de este lunes han declarado como testigos varios policías que fueron enviados a comprobar si los símbolos eran retirados de los edificios de la Generalitat, y esta tarde estaba previsto que también declarasen como testigos la, en el momento de los hechos juzgados, portavoz del Govern, Elsa Artadi; la delegada del Gobierno, Teresa Cunillera; el portavoz de Ciudadanos en el Parlament, Carlos Carrizosa –su partido fue el que presentó denuncia ante la JEC-, y el Síndic de Greuges, Rafael Ribó.
También estaba citado el conseller de Interior, Miquel Buch, pero ha presentado un certificado de baja médica. Todos estos testigos habían sido solicitados por Vox, que ha renunciado finalmente a su declaración después de que Torra haya reconocido la desobediencia ante el juez.
Torra se enfrenta a una condena de un año y ocho meses de inhabilitación y una multa de 30.000 euros, según la petición de la Fiscalía, por haberse negado a retirar los símbolos soberanistas de los edificios públicos de la Generalitat. La acusación popular ejercida por Vox solicita una multa de 72.000 euros y la inhabilitación para empleo o cargo público por un plazo de dos años.
La sentencia del TSJC y la posibilidad de recurso al fallo puede alargarse hasta primavera o incluso verano de 2020, y pese a que Torra ha reconocido su desobediencia, su defensa confía en la absolución bajo sus argumentos de falta de competencias de la JEC.
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