El lamentable balance de una semana de disturbios en Cataluña ya cuenta con cifras: además de los graves daños personales, los destrozos (sólo en Barcelona) suman 2,7 millones.
El perjuicio económico a más largo plazo es difícil de estimar, pero el precedente del 1-O ayuda a calibrar su potencial destructivo. Un indicador relevante de la actividad de empresas y hogares, como la solicitud de crédito a los bancos, sufre una debacle en Cataluña desde octubre de 2017, con un descenso del 9,5%, el triple de la media del conjunto de España. Una diferencia tan amplia debe explicarse por el fuerte golpe que sufrió la confianza económica tras el referéndum ilegal y que todo apunta que se repetirá tras la violencia desatada por el independentismo.
"El empresario percibe con claridad los riesgos que implicaría suspender ahora las instituciones autonómicas"
Ante esta situación, puede sorprender la actitud de gran parte de las empresas catalanas que piden al PP que baje el tono en su reclamación del artículo 155. Muestran así cautela ante los riesgos que implica ahora la suspensión de la autonomía catalana. Aunque hay margen legal, falta jurisprudencia que avale su aprobación con el Senado disuelto pero, sobre todo, debe considerarse que, pese a la actitud incendiaria mostrada por el president Torra, no hay pruebas de un vinculación directa de la Generalitat con la acción de los grupos violentos y podría provocar más incertidumbre y daños económicos. Además, debe considerarse el modo en que Torra está en condiciones de capitalizar en su favor la aplicación del 155, para ganar votos frente al PSC o incluso para presentarse como un mártir ahora que se halla cuestionado dentro del propio independentismo. Ante estos riesgos, es lógica la prudencia que los empresarios muestran.
