La soledad política del presidente de la Generalitat, Quim Torra, es patente, aislado dentro de su propio partido, en tensión permanente con ERC, su socio en el Ejecutivo catalán, e incapaz de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, le devuelva las llamadas y misivas reclamando una reunión sobre la situación política en Cataluña. | Siga en directo las consecuencias políticas y sociales de la sentencia del procés.
Mientras tanto, ERC sí que mantiene línea abierta con el Ejecutivo central –la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, está en contacto con su homólogo catalán, Pere Aragonès-, y el fin de semana los republicanos se citaron con los agentes económicos y sociales a través de Roger Torrent como presidente del Parlament, algo que pilló por sorpresa y molestó sobremanera a JxCat.
Ante este escenario, ¿piensa Torra que el 155 es su mejor opción de retirada? ¿Está el presidente catalán intentando forzar la intervención de la autonomía para finalizar su mandato como un mártir en vez de como un fracasado en sus objetivos políticos?
Torra afirma en público una y otra vez que no es el momento de convocar elecciones autonómicas sino de "fortalecer" las instituciones catalanas, pero las formaciones independentistas no han logrado ni tan siquiera acordar una respuesta unitaria a la sentencia del Tribunal Supremo sobre el 1-O, cuyo rechazo parece hoy por hoy su único punto de unión.
Además, las semanas pasan inexorablemente sin que se produzcan avances en la negociación para captar apoyos en el Parlament que permitan aprobar los presupuestos de la Generalitat para 2020, algo clave para la autonomía, que ya acumula dos prórrogas presupuestarias y funciona actualmente con las cuentas de 2017.
Riesgo de incertidumbre
El empresariado teme que se confirme la estrategia de forzar el 155, ya que abocaría a Cataluña a un nuevo episodio de incertidumbre, así como al enquistamiento de la parálisis gubernamental que arrastra la autonomía desde hace demasiado tiempo, con un Ejecutivo autonómico centrado en el discurso soberanista e incapaz de sumar mayorías para sacar adelante iniciativas necesarias para el progreso económico y social.
Pero si Torra no desea el 155 no se entiende su exabrupto de la semana pasada, defendiendo en solitario, en su discurso contra la sentencia del 1-O en el Parlament, volver a realizar un referéndum y declaración de independencia esta legislatura. Explicó después que era una propuesta sobre la que poder buscar consensos, pero lo cierto es que la planteó sin consultarlo ni si quiera con JxCat ni ERC, y que más que una propuesta parece una provocación.
Juicio en noviembre
Además, Torra se enfrenta a una pena de inhabilitación de hasta un año y ocho meses –según la petición de Fiscalía- por presunto delito de desobediencia por haberse negado a retirar dentro del plazo fijado por los tribunales la simbología independentista de los edificios de la administración catalana en el periodo electoral de primavera.
Así, aunque Torra se empecine en alargar una alianza con ERC hace tiempo muerta –y que los republicanos no pueden romper abiertamente porque serían acusados de traicionar al independentismo desde las filas soberanistas-, puede ser la Justicia la que aparte a Torra del Govern. El juicio se celebrará el 18 de noviembre en el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC).
