El presidente de la Generalitat de Cataluña, Quim Torra, mantiene una estudiada estrategia con la sentencia del 'procés' para beneficiarse electoralmente. Su decisión de no condenar la violencia vivida estos días en las calles de Barcelona le ha dejado sin interlocución con el Gobierno y con una profunda división con sus socios de ERC, que han amagado con condenas tibias pero que de momento le mantienen el apoyo.
Desde el sector empresarial temen que la postura de Torra, que no dudó en ponerse al frente de la manifestación contra la sentencia, sea una estrategia para provocar la aplicación del artículo 155.
Ante esta situación de falta de diálogo entre los partidos políticos y el escenario preelectoral han tenido que ser las patronales Foment del Treball y Pimec, y los sindicatos CC.OO. y UGT, los que hiceran un llamamiento a instituciones, partidos, entidades sociales y económicas y a la ciudadanía a "restablecer los espacios de convivencia y cohesión social que faciliten un clima idóneo para el diálogo y negociación que garantice la estabilidad política, económica y social" en Cataluña.
En un comunicado conjunto, las cuatro organizaciones han asegurado que "una vez acabada la vía judicial, la política está obligada a encontrar los mecanismos para resolver la compleja situación" en Cataluña. Así, opinan que la política "lejos de intensificar las tensiones, tiene que reforzar los espacios de convivencia, de diálogo y de legalidad buscando soluciones políticas colectivas y personales, como es el caso de los condenados con penas de prisión".
El presidente de la Generalitat vuelve a llamar a Sánchez y de nuevo no tiene respuesta
Los agentes sociales reclaman que los partidos políticos "restauren los mecanismos de relación que puedan superar los bloques actuales", y califican de imprescindible el respeto y la cooperación entre las diferentes opciones políticas para que haya una normalidad democrática en el funcionamiento de las instituciones de Cataluña.
"La normalidad institucional tiene que permitir responder a las necesidades sociales de la ciudadanía que sufre una grave desigualdad económica", han defendido las patronales y sindicatos, que han expresado que las empresas también necesitan respuestas para afrontar el presente y futuro de la transformación económica.
Por otro lado, sindicatos y patronales han pedido establecer un proceso de negociación entre instituciones "para encontrar soluciones progresivamente satisfactorias para las partes afectadas por el conflicto político", puesto que consideran que la situación actual perjudica los intereses de la sociedad.
Las cuatro entidades han asegurado estar comprometidas "inequívocamente con el desarrollo de Cataluña, reforzando los espacios de concertación social".
La economía catalana se arriesga a sufrir, como ya está pasando en el sector turístico, una segunda oleada de fuga de compañías, así como una caída de las inversiones, un extremo que podría empeorar si se aplica el artículo 155 y hace que crezca todavía más la inestabilidad política en la zona.
Elecciones autonómicas
El objetivo de todos estos movimientos de Torra no sería otro que el de ganar fuerza en las urnas para tapar la creciente falta de apoyos que se escenificó el pasado jueves durante su intervención en el Parlament, donde todos los líderes de la oposición, incluido el de la CUP, pidieron su dimisión.
Esta situación, que está generando una importante brecha dentro del ejecutivo regional, está siendo leída por la oposición como una "estrategia electoral" para buscar un adelanto de las elecciones autonómicas. Si así fuera, se cerrarían las puertas a que Artur Mas pudiera optar de nuevo a presentarse como candidato a la Generalitat, ya que la inhabilitación del ex presidente termina el próximo febrero.
Desde el Ejecutivo de Pedro Sánchez, insisten en exigir a Torra que condene la violencia ocurrida estos días en Cataluña "de manera firme, rotunda, sin matices, sin adjetivos ni medias tintas, sin equidistancias" para poder retomar el diálogo y son conscientes del desgaste que supondría también para la candidatura socialista la aplicación de esta medida excepcional prevista en la Constitución ya que es reciente el descalabro sufrido en Cataluña por el Partido Popular por este motivo.
Según apunta La Vanguardia, Torra volvió a llamar a Sánchez el domingo y de nuevo, el presidente del Gobierno en funciones no le cogió el teléfono, igual que sucedió el pasado sábado. Desde Moncloa no se pronuncian sobre esta nueva llamada, pero el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska insistió en su comparecencia de ayer que Sánchez ya ha sido "muy contundente" y "espera una condena efectiva, directa, de Torra y del Gobierno catalán respecto a la violencia y su solidaridad con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado", precisó.
