A una semana de las elecciones, llama la atención la escasa claridad del PSOE en sus planes sobre un asunto decisivo para toda economía, como la política fiscal. Además de los mensajes contradictorios entre ministros, sorprende la falta de concreción del programa electoral socialista.
Sin embargo, esta ausencia de claridad está muy lejos de significar que el Gobierno abandonó los planes de elevar los impuestos, que plasmó en sus fallidos Presupuestos Generales. Al contrario, indicios más recientes apuntan a que el Ejecutivo prepara, si logra mayoría suficiente para aprobar unas nuevas Cuentas, una batería de alzas fiscales en múltiples frentes e incluso más agresiva de lo esperado.
En el PSOE ya reconocen que el previsto endurecimiento de los marginales más altos del IRPF ya no se aplicaría desde rentas superiores a 130.000 euros anuales. Ahora, el umbral sufre una drástica caída y el límite para imponer unos tipos prácticamente confiscatorios se sitúa en 60.000 euros.
En la misma línea, se sitúa el cuestionamiento de los modestos beneficios de las aportaciones a planes de pensiones. Si esas bonificaciones menguan, se hará inmediato el castigo fiscal, que ahora se demora al momento de la jubilación. Es más, dentro de la batería de alzas fiscales debe contarse también el propósito del Gobierno de armonizar a escala nacional los anacrónicos impuestos de Patrimonio y Sucesiones.
Resulta grave que el PSOE no exponga abiertamente cuál son sus planes fiscales, pero aún lo es más que ignore los perniciosos efectos que provocarán. El retraimiento de la demanda interna privada amenaza con ahondar la desaceleración del PIB, sin que el hipotético avance de la recaudación (muy cuestionable), frente el avance del déficit y la deuda públicos.
