La conspiración de Iglesias contra el Estado: usó una fundación venezolana para echar al Rey

Refugiado bajo la sombra de un pino en los jardines del Palacio de Marivent, las palabras del presidente del Gobierno sonaron huecas y vacías de contenido, tras las preguntas de los periodistas sobre si no le parecían "inquietantes y perturbadoras" las noticias que llegaban de Podemos. No hay peor sordo que el que no quiere oír.

"Estamos en un Estado social y democrático de Derecho. (…) por tanto, máximo respeto a la independencia judicial en este aspecto", contestó entre el calor pegajoso provocado por las altas temperaturas del verano mallorquín. A partir de ese momento, la temperatura subió grados en las redes sociales.

¿Cómo es posible que Pedro Sánchez mantenga el tono relajado ante la imputación de Podemos y tres de sus máximos responsables y, sin embargo, se sobresaltara por las presuntas acusaciones sobre blanqueo de capitales de Don Juan Carlos, cuando ni siquiera existe una petición para que testifique ante un juzgado? La cuestión no pudo ser respondida por el presidente, porque su Gabinete, en la habitual transgresión al derecho a la información que acababa de invocar Sánchez, solo autorizó tres preguntas, dos de prensa nacional y una balear.

El Emérito no se fue al exilio voluntario. Durante las semanas previas, la vicepresidenta primera, Carmen Calvo, presionó en las conversaciones mantenidas con el jefe de protocolo de la Casa del Rey, Alfredo Martínez, para que abandonara el Palacio de la Zarzuela. Don Felipe aceptó, contra su voluntad, la marcha de su padre, ante las amenazas de Moncloa de retirarle los honores de Rey, que le había otorgado el Ejecutivo de Mariano Rajoy a través de un Real Decreto el 13 de junio de 2014.

Doble rasero del Gobierno

El Gobierno usa una doble vara de medir. Mira para otro lado ante la presunta corrupción de Podemos, mientras que exige una actuación ejemplar al Rey Emérito.

Pero aún es peor, Sánchez pidió en octubre de 2014 responsabilidades a su antecesor, Mariano Rajoy, tras la imputación de los responsables del PP por el uso de la presunta caja B, al contrario de lo que ahora ocurre con Podemos. "Resulta muy difícil que Rajoy, que fue quien los nombró no supiera nada y estuviera al margen de estas investigaciones. Tiene que dar la cara, explicar si ha habido contabilidad B y asumir responsabilidades", manifestó en aquel momento.

La presunta caja B de Podemos es una olla a presión que puede estallar en cualquier momento y llevarse por delante al Gobierno socialcomunista de Sánchez e Iglesias. elEconomista fue el primer medio en destapar, en diciembre de 2014, los pagos presuntamente irregulares intermediados por Iglesias con el Gobierno iraní para financiar programas de televisión, que él mismo llegó a dirigir, como La Tuerka. Una parte de ese dinero era negro, lo que motivó la apertura de una investigación por parte de la UDEF. 

Asimismo, Podemos financió con fondos venezolanos la Fundación Centro de Estudios Políticos y Sociales (CEPS), en la que Iglesias fue miembro del comité ejecutivo. Entre Irán y Venezuela destinaron a estos proyectos más de 16 millones. 

El caso 'Delcy Rodríguez'

En el polémico recibimiento en Barajas dado por el ministro de Tranportes, José Luis Ábalos, a la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, ya se especuló con que detrás del intento por mantener en secreto la visita estaba un supuesto dossier en manos de las autoridades venezolanas, que el PSOE estaría interesado en lograr para mantener controlado a su explosivo vicepresidente segundo.

El miembro de la Real Academia Española de la Lengua y exdirector del ABC verdadero, Luis María Ansón, aseguró en una entrevista reciente, con el diario La Razón, que la campaña de desprestigio contra Don Juan Carlos fue puesta en marcha y financiadas por el expresidente venezolano, Hugo Chávez, después de que el Rey Emérito lo mandara callar, en la cumbre iberoamericana celebrada ante decenas de jefes de Gobierno y de Estado, a finales de 2007.

Es difícil de demostrar, pero la Prensa española publicó en 2016 unos documentos recopilados por la UDEF y autentificados por el exministro de Finanzas, Rafael Iseas, en tiempos de Chávez, en los que se explica al fin al que iban destinados los fondos de la Fundación CEPS, en manos de Podemos.

El objetivo, según recoge el documento, textualmente, era "estrechar lazos y compromisos con reconocidos representantes de las escuelas de pensamiento de izquierdas, fundamentalmente anticapitalistas, que en España pueden crear consensos de fuerzas políticas y movimientos sociales, propiciando en ese país cambios políticos aún más afines al Gobierno bolivariano".

Iglesias fue miembro del comité ejecutivo de esta Fundación entre 2008 y 2009, justo después de que Chávez se sintiera humillado ante el mundo entero por la increpación del Rey Juan Carlos. Eso explicaría que entre sus fines está la implantación de un régimen bolivariano en nuestro país, para luego transformarse en "una república plurinacional", como la define el líder de Podemos. 

En paralelo, la investigación abierta por el juzgado de instrucción número 42 de Madrid, que dirige el magistrado José Escalonilla, mete más presión a Podemos. Las de-nuncias del exabogado de la formación morada, José Manuel Calvente, sobre malversación y la existencia de una presunta caja B para inflar las nóminas de la gerente, Rocío Esther Val, y el tesorero, Daniel Frutos, extienden la sombra de la corrupción. 

"Se acaba el tiempo"

La temperatura política está en ebullición. El PP lanza un vídeo en Youtube, que bajo el título de "Se acaba el tiempo", denuncia que Iglesias no puede permanecer como vicepresidente un minuto más después de la imputación de Podemos  y de su cúpula.

El partido de Pablo Casado recuerda en el vídeo cómo Iglesias exigió la dimisión de Rajoy ante la aparición de los primeros indicios de delito en el PP. Donde las dan las toman. Iglesias prueba así su propia medicina, como le pasó con los escraches que montó con la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría.

La refriega política llega en el peor momento. El PP se envalentona después de que la iniciativa de alcaldes, como el madrileño José Luis Martínez Almeida o el zaragozano Jorge Azcón, contra el empeño de Hacienda para disponer de los remanentes municipales de 15.000 millones, haya prendido prácticamente en todas las formaciones del arco parlamentario, con excepción del PSOE.

La decisión de la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, o el de Cádiz, José María González Kichi, ambos de Podemos, de sumarse a la rebelión de los populares, deja al descubierto las profundas grietas de la coalición de Gobierno.

El presidente intentó sofocar el incendio desde Marivent al prometer una renegociación, que convierte en papel mojado el pacto rubricado entre la ministra María Jesús Montero y el presidente de la Federación Española de Municipios (FEMP), Abel Caballero. En esta ocasión, el regidor de Vigo mostró escasas luces.

Montero dice ahora que no necesita el dinero de los ayuntamientos, porque el Gobierno emite deuda a precios de ganga. El argumento da risa. ¿Entonces, por qué la vicepresidenta Nadia Calviño salió corriendo a pedir 20.000 millones del fondo Sure para los Ertes? Las emisiones de deuda están previstas que crezcan en 100.000 millones este ejercicio, el 30% más. Lo que se desconoce es cuánto está dispuesto el mercado a sufragar. Desde luego, ni un céntimo sin el apoyo de Europa. 

El decreto ley para utilizar los ahorros municipales necesita la ratificación del Congreso, donde Sánchez corre el riesgo de sufrir una derrota parlamentaria sin precedentes, que pondría en evidencia su debilidad ante Europa, pendiente de aprobar los fondos de 140.000 millones prometidos a España, con condiciones todavía por fijar.

Ayudas todavía en el aire

El Fondo de Recuperación se retrasa. Aún no están terminados los detalles del acuerdo alcanzado en la última cumbre europea. Después, debe ser ratificado por el Parlamento europeo y cada uno de los parlamentos de los 27 países miembros. Los nervios están a flor de piel, ante el temor de que la pandemia se agrave en la recta final del año. El primer euro no llegará hasta la primavera que viene.

El de los ayuntamientos no es el único fuego que tendrá que apagar Sánchez. El próximo foco de incendio está en los Presupuestos. Bruselas exige un amplio consenso. Sánchez busca la abstención del PP y el visto bueno de Ciudadanos, ante la imposibilidad de contar con el apoyo de ERC. Pero, ¿Casado va a considerar siquiera la posibilidad de abstenerse, después de la imputación del partido del vicepresidente del Gobierno? Y lo que es peor, ¿cómo va a reaccionar Inés Arrimadas, cuya formación hizo bandera de exigir la dimisión de cualquier político imputado? Sin Ciudadanos, las Cuentas Generales del Estado no salen.

La temperatura política sube al mismo ritmo que las oleadas de calor agosteño. Las presiones externas convierten a Podemos en una olla, que nadie sabe cuanto aguantará si se confirman las sospechas judiciales. Y más en un país donde los trapos sucios se airean en la calle y los asuntos se sentencian en las redes sociales, antes de esperar al veredicto de los tribunales. Iglesias ya es parte de esa casta que tanto detesta y un personajillo de las cloacas del Estado, que utiliza para atacar a sus adversarios.