Opinión

Las sombras legales del caso Delcy Rodríguez

La vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez

La polémica no es gratuita ni inmotivada. Al contrario: tiene todo el fundamento y la gravedad. El señor Ábalos, ministro del Gobierno de España, en el aeropuerto de Madrid con Delcy Rodríguez, vicepresidenta de la República Bolivariana.

La cuestión es, la mandataria del régimen de Maduro no podía ni entrar ni transitar por territorio comunitario desde el día 25 de junio de 2018 al estar incluida en la lista de la Decisión PESC 2017/2074 del Consejo de Europa, que señaló que "sus acciones en el marco de la Comisión Presidencial y, a continuación, como presidenta de la Asamblea Constituyente ilegítima han menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpación de las competencias de la Asamblea Nacional y su utilización para atacar a la oposición e impedirle su participación en el proceso político". El mensaje no puede ser más expreso ni directo.

La opinión pública tiene derecho a conocer toda la información sobre este asunto

La ley española es taxativa a la hora de denegar la entrada y el tránsito a aquellas personas que tienen prohibido el mismo. El artículo 26 de la Ley Orgánica de Extranjería refiere: "no podrán entrar en España, ni obtener un visado a tal fin, los extranjeros que hayan sido expulsados, mientras dure la prohibición de entrada, así como aquellos que la tengan prohibida por otra causa legalmente establecida o en virtud de convenios internacionales en los que sea parte España". Y no poder entrar en España implica en su conjunto, desde su espacio aéreo, sus mares y todo su territorio donde tiene soberanía sin excepciones. Así: ¿cómo es posible que una señora afectada por esta norma no sólo transite por España sino que se reúna con un miembro del poder ejecutivo?

El encuentro suscita serias dudas. ¿Se informó a las autoridades fronterizas de que la señora Rodríguez tenía denegado el tránsito por la Unión? ¿Cumplieron los agentes el protocolo estándar de expulsión como regula la ley de extranjería en su artículo 57 por haber cometido una infracción grave conforme a dicha Ley y, además, conforme a la Decisión PESC? Y si no se siguió el protocolo, ¿por qué?

El señor Ábalos acumula media docenas de versiones que son contradictorias

El señor Ábalos acumula media docena de versiones, no sólo distintas sino incluso contradictorias. Una algo kafkiana: "Marlaska me pidió que la número dos de Maduro no bajara del avión". ¿Es una broma? ¿Se filió a la vicepresidenta Venezolana conforme el protocolo?

Cualquiera que se dedique al Derecho penal, conoce que una persona con el tránsito denegado, si pisa suelo europeo, es bajado del avión y devuelto a su país de origen: de lo contrario estaríamos ante un fraude de ley encubierto. Ni ético, ni legal.

En otras democracias como la norteamericana, la mentira, si es perjurio; es un delito, grave y castigado. Sin embargo, el nivel de nuestra democracia deja impune esta serie de actos y versiones que, más allá del análisis político, evidencian un insulto de nuestros representantes públicos a la ciudadanía, algo por desgracia bastante frecuente.

Lo ético puede que quede en la falta de coherencia en las declaraciones del ministro, algo gravísimo por tratarse de un funcionario público de tan alto rango. Políticos como Laila Freivalds en Suecia, Karl-Theodor zu Guttenberg y Anette Schavan en Alemania, o Damian Green en el Reino Unido, o incluso el ministro Soria en España, han dimitido por mentir.

Ahora bien, ya en el plano legal cabe preguntarnos: ¿los hechos que configuran este escándolo podrían incurrir en responsabilidad penal por configurar lo establecido por el artículo 410 del Código Penal? En el mismo se señala que es un delito el que las autoridades o funcionarios públicos se negaren abiertamente a dar cumplimiento a resoluciones judiciales, decisiones u órdenes de la autoridad superior, dictadas dentro del ámbito de su respectiva competencia y revestidas de las formalidades legales.

Los elementos de dicho tipo penal bien se podrían actualizar bajo una intepretación sistemática de nuestro ordenamiento jurídico, considerando que la Decisión PESC fue dictada por un órgano superior -el Consejo Europeo-, e incorporada a nuestro Derecho nacional con todas las formalidades de Ley, siendo debidamente publicada en el BOE y quedando obligados todos los órganos de gobierno a darle cumplimiento.

Este escándalo está lejos de concluir. Y la opinión pública tiene derecho a acceder a toda la información, veraz, para tener clara la composición en la que se dibujan los límites éticos en las actuaciones gubernamentales y, sin duda, el eventual desbordamiento de la ley. El calado del asunto es, simplemente, tan oscuro como formidable.

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forum Comentarios 1

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nacho
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a la carcel Abalos. Pero en este pais??? se quedará en nada.

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