Una de las polémicas políticas de la semana ha recaído sobre el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, tras conocerse que en la madrugada del domingo al lunes se reunió en secreto con la vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, mientras el avión que llevaba a ésta a Turquía paraba en el aeropuerto de Barajas. La controversia está en que Rodríguez no puede pisar suelo en la UE por las sanciones impuestas a varios dirigentes del régimen de Nicolás Maduro.
Aunque Ábalos ha tratado de esquivar el dar explicaciones sobre el encuentro -de hora y media de duración- y después le ha restado importancia, la noticia ha provocado que la oposición llegue a pedir su dimisión y que parte de la opinión pública se pregunte, más allá del cargo en el Gobierno de Maduro, quién es Delcy Rodríguez.
Cuando en junio de 2018 Maduro designa a Rodríguez como vicepresidenta de su gabinete, la dirigente venezolana ya presentaba un extenso currículum de marcada fidelidad al régimen chavista ocupando cargos de relevancia en el mismo.
Abogada de 50 años, Rodríguez fue escalando posiciones progresivamente en los gobiernos chavistas: fue ministra del Poder Popular del Despacho de la Presidencia aún con Hugo Chávez en el poder en 2006, ministra de Comunicación entre 2013 y 2014 y canciller entre 2014 y 2017.
Igualmente, Rodríguez asumió la presidencia de la oficialista Asamblea Constituyente -que rige el país con plenos poderes- desde agosto de 2017 hasta junio de 2018, siendo sustituida por Diosdado Cabello cuando volvió al gabinete de Maduro.
También ha sido presidenta del movimiento Somos Venezuela, creado para impulsar la candidatura a la reelección de Maduro en las elecciones del 20 de mayo de 2018, junto con el gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV).
A los pocos día de ser nombrada vicepresidenta en el Gobierno de Maduro, la UE impuso sanciones a Rodríguez y a otros dirigentes venezolanos. La mandataria figuraba entre los 11 responsables venezolanos a los que las instituciones comunitarios impuso sanciones acordadas a raíz de la entonces reciente elección presidencial en el país.
La decisión, adoptada por los cancilleres europeos, elevó a 18 el número de personas sancionadas por la UE por menoscabar, a su juicio, la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos en este país sumido en una profunda crisis política y económica.
La UE imputa a Rodríguez sus acciones al frente de la Asamblea Constituyente: "usurpación de las competencias" del parlamento venezolano y "su utilización para atacar a la oposición". Las sanciones impuestas fueron la prohibición de viajar y la congelación de activos en el bloque comunitario.
