Madrid
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la reforma del carnet por puntos que contempla, entre muchos aspectos, el endurecimiento de las multas y sanciones por usar el teléfono móvil al volante o por utilizar dispositivos detectores de radares.
De esta forma, el Ejecutivo renueva el carnet por puntos, que entró en vigor en el año 2005, para el "agravamiento de las sanciones que se prevén para los comportamientos que generan un mayor riesgo para la conducción", según ha informado la ministra portavoz del Consejo, María Jesús Montero.
¿Cuáles son los cambios tras la reforma del carnet por puntos?
Lo que ha realizado el Consejo de Ministros es dar luz verde a las medidas que ya adelantó en la sesión del pasado 10 de noviembre, que han sido objeto de nuevos estudios por parte de los ministerios implicados y que serán enviadas a Congreso y Senado para su posterior aprobación. María Jesús Montero ha detallado los cambios en este carnet por puntos, una reforma que viene impulsada desde el Ministerio del Interior, del que depende la Dirección General de Tráfico:
-Sube de tres a seis el número de puntos que se eliminarán del carnet por conducir con el teléfono en la mano mientras se está al volante. La sanción para los conductores que usen estos teléfonos sin llevarlos en la mano será, eso sí, de tres puntos.
-Sube de tres o cuatro el número de puntos que se quitarán del carnet por no usar o usar incorrectamente los dispositivos de seguridad como el cinturón, los sistemas de retención infantil, los casos u otros.
-La posesión de un dispositivo de detección de radares (y no solo uso) ya será suficiente para la pérdida de tres puntos del carnet.
-Se prohíbe rebasar en 20 kilómetros por hora el límite al adelantar en carreteras convencionales.
-Se promueve la participación en cursos de conducción segura compensando hasta en dos puntos de carnet (hasta un máximo de 15) por curso.
-Se unifica en dos años el plazo para la recuperación del saldo inicial de puntos.
La reforma, según ha explicado Montero, se enmarca dentro de una estrategia mucho más amplia de la DGT para "generar un nuevo modelo de seguridad vial que se alinea con la política de la Unión Europea y que tiene como objetivo reducir en un 50% el número de personas heridas y muertas en 2030".
