Durante más de cuatro horas estuvo ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, en la Comisión de Sanidad para explicar su gestión en la pandemia y responder a las dudas y preguntas que planteó la oposición. Su predisposición fue en general buena (aunque también tuvo oscuros) pero hubo una pregunta que por tercera vez en sede parlamentaria se negó a responder.
La portavoz del Partido Popular, Concepción Gamarra, solicitó al responsable de la cartera sanitaria que diera el nombre y la razón social de la empresa intermediaria con la que gestionó la compra de los test que resultaron fallidos a la empresa china Bioeasy, así como por la fiscalización de ese contrato. En su réplica, el ministro obvió el tema, volviendo el asunto aún más misterioso de los que ya era por las continuas evasivas a responder por este asunto.
Las dudas sobre esta empresa comenzaron a erigirse cuando tras comprobar que los test no disponían de la fiabilidad necesaria se cuestionó a los responsables de las distintas direcciones generales del Ministerio sobre el intermediario en el que había confiado el Gobierno y no hizo bien el trabajo, al menos en aquella ocasión. Entonces fue la directora general de Farmacia la que dio una respuesta que no contentó ni a miembros de su propio partido: "me recordó a los peores momentos de la ex ministra Ana Mato", comentan. "Todos los pedidos se realizan a empresas, en este caso fabricantes, distribuidores, intermediarios, empresas que nos garantizan el objetivo del producto. Este es el fin para adquirir cualquier producto para hacer frente a la infección del Covid-19. Estas empresas pueden ser nacionales o de otros países", dijo hace diez días la responsable de Farmacia del Ministerio en rueda de prensa.
Desde entonces, el ministro ha sido cuestionado en tres ocasiones pero siempre responde con evasivas. Obvia a la empresa intermediaria para responder por la compañía china Bioeasy, y defiende su compra bajo el argumento de que la compañía, efectivamente, dispone de un certificado CE valido para comercializar en Europa.
Desde el Partido Popular no descartan otras opciones más allá de las preguntas parlamentarias que se han demostrado inútiles. Una de ellas será acudir al portal de transparencia para tratar de recabar una información que, según dicen, "no tiene sentido que oculten a menos que quieran ocultar algo más".
En relación a los test de diagnóstico, el ministro explicó cuál va a ser la estrategia de utilización que acompañe a la fase de desescalado de las medidas de confinamiento. Se realizarán las pruebas a 62.400 personas para tratar de tener una fotografía real del impacto del coronavirus en España. No en vano, se reconoce que sólo estarían contabilizados el 10% de los infectados, ya que la gran mayoría se muestra asintomática.
La responsable de la realización de estas pruebas (que se harán en los próximos días y se tendrán que repetir en unas tres semanas) será la directora del Instituto de Salud Carlos III, Raquel Yotti. El único problema que hay es que los resultados negativos que den los test rápidos deberán someterse a otro por PCR para certificarlos.
