Valencia
La batalla legal por la reversión del servicio de las estaciones de Inspección Técnica de Servicio (ITV) en la Comunidad Valenciana ya está servida cuando apenas queda mes y medio para que se deba formalizar el traspaso a la nueva empresa pública. La patronal Aecova y varias de las 7 concesionarias han recurrido ya el plazo dado, hasta el 23 de febrero en algunos casos y el 3 de marzo en otros, para ampliar las concesiones por el lucro cesante durante la pandemia, además de la decisión de eliminar la prueba de ruido a los turismos.
Según el portavoz de Aecova, Francisco Llopis, las empresas ya han presentado recursos por lo contencioso-administrativo ante la falta de diálogo con la Conselleria de Economía, que considera aboca al caos el traspaso de la gestión del servicio y las estaciones, que emplean a 1.300 personas, por los retrasos acumulados.
Según las empresas, la Administración acumula un retraso de 12 meses sobre el propio calendario elaborado para llevar a cabo la reversión del servicio que se adjudicó por concesión hace 25 años.
De hecho, la nueva empresa pública que debe asumir el servicio ha requerido a las concesionarias a que mantengan y amplíen sus contratos con proveedores hasta junio, es decir, cuatro meses después de que esa sociedad asuma supuestamente esos contratos. Según Llopis en ese requerimiento no se explica como se subrogarán esos contratos ni los posibles pagos o garantías asumidas por las empresas públicas.
Además, consideran que también vulnera la ley de contratación pública, ya que al tratarse de una sociedad pública ciertos volúmenes deben ser licitados mediante concurso público y cumplir unas exigencias de transparencia y concurrencia.
Otro de los aspectos que se ha recurrido es la eliminación de la prueba de ruido a los turismos desde enero, con lo que las empresas consideran que se aborta cualquier expectativa de que con los dos meses de prórroga puedan recuperar el lucro cesante durante los meses cerrados por la pandemia. "Supone pérdidas del 20% de los ingresos y del 80% de la rentabilidad", explicó el director técnico de Aecova, Ignacio Guerrero, que cifró en 80 millones de euros los ingresos anuales del sector valenciano.
Por ello en sus recursos también se reclama que el periodo de ampliación sea de 15 meses en lugar del fijado. Sin esos ingresos, la patronal estima que la empresa pública tendrá que prescindir en el futuro de cerca de 300 empleos, aunque descartan que las empresas vayan a acometer EREs en este mes y medio.
Apelan a Puig
Ante la falta de plazos para poder negociar el traspaso y la falta de medios de la nueva empresa pública, que estiman que necesitaría de 6 meses sólo para poder contar con una plataforma tecnológica para toda la red, Llopis apeló directamente al presidente valenciano, Ximo Puig. Según el representante de la patronal "no cuestionamos la decisión política", pero si la transición no se hace adecuadamente el problema será de los usuarios de este servicio.
