La decisión de la Conselleria de Economía de la Generalitat Valenciana de suprimir la prueba de ruido en las inspecciones obligatoria de vehículos desde el 1 de enero ha dado un nuevo argumento a la patronal del sector para tratar de alargar el plazo antes de que se den por finalizadas sus concesiones. El plazo inicial vencía el pasado 31 de diciembre, pero se amplío hasta el 22 de febrero para compensar la inactividad durante la pandemia.
Ahora la Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) considera que se requieren 15,3 meses adicionales para poder compensar las pérdidas generadas por la eliminación de la prueba de ruido que Economía aprobó a partir del 1 de enero.
Según el estudio de la patronal, la tarifa media sin prueba ruido se sitúa en los 35,50 euros en 2023, mientras que el margen unitario por inspección queda en 3,61 euros. Con la previsión del IPC para el cálculo de costes estimados al 6%, el plazo de prórroga de la concesión necesario para recuperar los importes a compensar como consecuencia de la pandemia ascendería a lo solicitado, según la patronal, que de esta forma también confirma que buena parte del margen de su actividad hasta ahora venía por esta prueba que hasta ahora solo es obligatoria en Comunidad Valenciana.
Pese a ello, desde la patronal señalan que la eliminación de esta prueba será temporal, "ya que Europa reclamará en un futuro implantarla en todos los países". Las estaciones apuntan que la directiva 2014/45/UE establece que se tendrá que analizar el ruido de los coches, tal y como se realiza con las motos.
Pérdida de empleo
Para Aecova, esta decisión denota "una falta de seriedad y una improvisación que puede desembocar en el colapso y el caos en la prestación del servicio público", y supondrá también perjuicios laborales, "provocando un ERE que afectará a 300 trabajadores".
Desde Aecova se aboga por "una transición tranquila del cambio de modelo de gestión para evitar el caos a partir del 31 de enero, que es cuando se dejará de ofrecer la cita previa al cesar los contratos con los proveedores por la finalización de la prórroga el 22 de febrero". La patronal muestra su disposición a seguir negociando con el conseller de Economía poniendo sobre la mesa la verdad, ya que consideran que la eliminación de la prueba de ruido se ha hecho de forma "unilateral y a escondidas".
