Comunidad Valenciana

La Generalitat Valenciana crea la nueva empresa pública que asumirá las ITV

Una estación de ITV.
Valencia

La Generalitat Valenciana ha dado luz verde a la nueva empresa pública a través de la que que materializará la reversión de las concesiones públicas de la inspección técnica de vehículos (ITV) a partir del próximo año.

El Pleno del Consell ha aprobado el decreto ley por el que se autoriza la creación de la Sociedad Valenciana de Inspección Técnica de Vehículos. La nueva empresa pública será la encargada de asumir la prestación del servicio público de ITV y que realizará las inspecciones técnicas de los vehículos por encargo de la Generalitat.

El Gobierno valenciano ya anunció hace dos años su intención de finalizar el actual servicio que se realiza de manera indirecta mediante concesión administrativa a siete empresas que ejercen esta actividad en las tres provincias de la comunidad.

En septiembre de 2021 se comunicó a las empresas concesionarias la voluntad del actual Consell de finalizar el vigente régimen de concesión administrativa de la prestación del servicio y, en consecuencia, que el contrato finalizará una vez cumplida su duración inicial, 25 años; que no existirá prórroga, y que se efectuaba la denuncia formal prevista en el expediente contractual.

La nueva sociedad mercantil de la Generalitat integrada única y exclusivamente por capital público contará con un presupuesto de 60.000 euros para su constitución. Según el Gobierno del Botánic, con esta nueva reversión se pretende buscar la rebaja de las tarifas para las personas usuarias y mejorará la calidad, eficiencia y competitividad del servicio.

Las previsiones

Según un informe encargado por la Conselleria de Economía, las ganancias netas para las arcas de la Generalitat con el cambio de modelo serán de más de 39 millones de euros anuales. El documento, elaborado por la consultora Nuve Consulting, apunta que si se renuevan las concesiones actuales esa cifra sería de poco más de 7 millones al año y si se licitase una nueva concesión rondaría los 19 millones.

El proceso de reversión se llevará a cabo en tres fases, que abarcan hasta 2026. Climent también justificó la decisión en que la Administración prevé ampliar la red de estaciones. Actualmente existen 27 inspecciones fijas y 13 móviles. "La gestión directa pública permitirá completar y ampliar la actual red de ITV con diez nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta la estación de ITV más cercana inferior a 30 minutos".

De hecho, la Conselleria prevé iniciar la construcción de una nueva ITV en Torrent (Valencia) antes de la reversión como proyecto piloto, con una inversión de 735.000 euros.

Uno de los puntos conflictivos en la reversión, como ha ocurrido en el caso sanitario, será la subrogación del personal. El informe asegura que todo el personal afecto a las estaciones actuales tiene que pasar a la sociedad mercantil pública sin que sea considerado como personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en la concesionaria. El conseller ha afirmado que "se abre un periodo de tiempo y de análisis del informe para valorar y estudiar las soluciones posibles para desarrollar la subrogación del personal".

Las empresas afectadas

Entre las siete concesionarias actuales se encuentran multinacionales del sector, como Applus Iteuve Technology. En la firma ITV de Levante participa TUV SUD Atisae, mientras que en Valenciana de Servicios de ITV son socios la suiza SGS y Global Omnium (Aguas de Valencia) Por su parte, Aseguramiento Técnico de Calidad está en manos de GED. Completan la lista de concesionarias Estación ITV Vega Baja, Pistas Iteuve y Compañía Valenciana de Revisiones.

La concesión establecía un plazo inicial de 25 años, pero también contemplaba la posibilidad de ampliarlo cada 10 años hasta un máximo de 75.

Además, la licitación de estas concesiones en su día fue polémico y las posibles comisiones ilegales en el concurso público forman parte de la investigación judicial por la que el expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue detenido y permaneció en prisión, del denominado 'Caso Erial'.

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