Valencia
El Gobierno valenciano de Ximo Puig da un paso más en su política de reversión de concesiones públicas a empresas privadas y asumirá directamente las estaciones de ITV, que ahora gestionan 7 compañías.
Nuevo paso para aumentar el tamaño del sector público valenciano y revertir las concesiones públicas a empresas privadas del Gobierno del Botànic tras las sanitarias.
El conseller de Economía Sostenible, Rafael Climent, ha justificado la decisión de revertir las actuales estaciones de inspección técnicas de vehículos (ITV) en base a un estudio que considera que la mejor opción económica para las arcas públicas es asumir directamente la gestión.
Según ese informe, las ganancias netas para las arcas de la Generalitat serán de más de 39 millones de euros anuales. El documento, elaborado por la consultora Nuve Consulting, apunta que si se renuevan las concesiones actuales esa cifra sería de poco más de 7 millones al año y si se licitase una nueva concesión rondaría los 19 millones.
Para el conseller de Economía, estas cifras avalan los planes del Gobierno del Botànic, que se ha marcado como objetivo que la gestión de las ITV se realiza desde el sector público una vez concluya la concesión actual, vigente hasta el 31 de diciembre de 2022.
Según el conseller, la intención es crear una empresa pública, que estará liderada por el Instituto Valenciano de Competitivad Empresarial (Ivace), a la que se subrogará todo el personal de las ITV, cuyo convenio colectivo habrá que negociar con los sindicatos.
El proceso de reversión se llevará a cabo en tres fases, que abarcan hasta 2026. Climent también justificó la decisión en que la Administración prevé ampliar la red de estaciones. Actualmente existen 27 inspecciones fijas y 13 móviles. "La gestión directa pública permitirá completar y ampliar la actual red de ITV con diez nuevas estaciones en la Comunitat que harán posible que el 90% de la población pueda pasar la inspección con un tiempo de desplazamiento hasta la estación de ITV más cercana inferior a 30 minutos".
De hecho, la Conselleria prevé iniciar la construcción de una nueva ITV en Torrent (Valencia) antes de la reversión como proyecto piloto, con una inversión de 735.000 euros.
Uno de los puntos conflictivos en la reversión, como ha ocurrido en el caso sanitario, será la subrogación del personal. El informe asegura que todo el personal afecto a las estaciones actuales tiene que pasar a la sociedad mercantil pública sin que sea considerado como personal propio de la administración, pero manteniendo los compromisos laborales adquiridos en la concesionaria. El conseller ha afirmado que "se abre un periodo de tiempo y de análisis del informe para valorar y estudiar las soluciones posibles para desarrollar la subrogación del personal".
Las empresas afectadas
Entre las siete concesionarias actuales se encuentran multinacionales del sector, como Applus Iteuve Technology. En la firma ITV de Levante participada TUV SUD Atisae, mientras que en Valenciana de Servicios de ITV son socios la suiza SGS y Global Omnium (Aguas de Valencia) Por su parte, Aseguramiento Técnico de Calidad está en manos de GED. Completan la lista de concesionarias Estación ITV Vega Baja, Pistas Iteuve, y Compañía Valenciana de Revisiones.
La concesión establecía un plazo inicial de 25 años, pero también contemplaba la posibilidad de ampliarlo cada 10 años hasta un máximo de 75.
Además, la licitación de estas concesiones en su día fue polémico y las posibles comisiones ilegales en el concurso público forman parte de la investigación judicial por la que el expresidente valenciano Eduardo Zaplana fue detenido y permaneció en prisión, del denominado 'Caso Erial'.
