En plena cuenta atrás para la reversión de las estaciones del servicio de Inspección Técnica de Vehículos (ITV) se ha desatado una nueva polémica entre concesionarios y la Conselleria de Economía que dirige Rafa Climent. La Generalitat ha publicado la supresión de la prueba de ruido en las inspecciones obligatorias a partir del próximo 1 de enero, una medición que sólo se realizaba en la región y que tradicionalmente ha encarecido la inspección.
La medida ha sido publicada hoy en el Diari Oficial, cuando apenas faltan algo más de 50 días para que la gestión de los centros pasen de las empresas privadas a la Generalitat, a través de una nueva empresa pública, fijada para el próximo 22 de febrero tras prolongarse por los efectos de la pandemia.
Una decisión que ha encendido a las empresas. La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV) ha salido ha considera la publicación de esta resolución de "unilateral y a escondidas". Desde las concesionarias consideran que "salvo que haya sido un error de previsión, entendemos que la decisión puede significar el colapso y un caos en el servicio público".
La entidad ha lamentado "la improvisación y mala fe del conseller Climent al modificar una ley sin avisar, sin tener la decencia política de comunicárselo a las todavía empresas concesionarias hasta el próximo mes de marzo de 2023".
Las concesionarias consideran que "esta falta de seriedad y de planificación modifica, en el último momento y sin previo aviso, las premisas sobre las que la Conselleria de Economía concedió a las empresas la prórroga". La patronal incluso tacha de incongruente al conseller al considera que esta medida se realiza "desdiciéndose de la palabra dada".
¿Despidos?
La respuesta de la patronal amenaza directamente a parte de la plantilla de las estaciones al señalar que "obliga a las concesionarias a iniciar, desde el mismo lunes 2 de enero y por causas objetivas, las conversaciones con los sindicatos y los delegados de personal para la extinción de los contratos afectados por la decisión del conseller".
Según la valoración de AECOVA un 20% de la plantilla actual de las ITV en la Comunitat Valenciana se verá afectada (unos 300 trabajadores) y un 90% de las inspecciones técnicas de vehículos Por otro lado, la eliminación de esta prueba, significa también un nuevo desequilibrio económico y una reducción de ingresos no contemplada en las premisas por las que se les concedía la prórroga a las concesionarias. Por último, los propios presupuestos de la empresa pública quedan desfasados y superados.
La plantilla de estos centros será asumida por la nueva empresa pública con la reversión y el final de la concesión por 25 años.
