Valencia
Las empresas concesionarias de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en la Comunidad Valenciana mantienen abiertos dos frentes legales contra el Gobierno valenciano en los que reclaman más de 133 millones de euros por los cambios en las tarifas en plena batalla por la anunciada reversión del servicio tras el fin de los 25 años de vigencia.
La Asociación de Entidades Concesionarias de la Comunidad Valenciana para la Inspección Técnica de Vehículos (AECOVA-ITV), que aglutina a las siete compañías concesionarias, se reunirá hoy martes con el conseller de Economía, Rafa Climent, para abordar la intención del Consell de no prolongar las concesiones más allá del próximo 31 de diciembre.
La patronal y las empresas del sector tienen intención de recurrir la comunicación de la Conselleria de Economía en que se les anuncia que no se renovará el servicio, al considerar que el informe en que se basa esa decisión y elaborado por una consultora contiene datos inexactos y en algunos casos incluso falta a la realidad para justificar un proceso que calificaron de "ideológico".
Contrainforme
Según la asociación de entidades concesionarias de la ITV las previsiones de beneficios del informe que maneja el Consell se basan en tarifas anteriores y en un coste de personal desactualizado, tanto por el número de empleados como por costes. Así, el total de empleados a jornada completa en el año 2022 asciende a los 1.016, lo cual implica un coste anual de personal de 44,45 millones de euros, muy superior al reflejado en el informe.
De hecho la patronal está recopilando un informe pericial para acreditar ante la Conselleria lo que considera "falsedades" y solicitar que no se revierta el servicio al considerar que su coste sería mayor para las arcas públicas. De acuerdo con los datos que maneja AECOVA-ITV, la recaudación efectiva de las empresas de ITV para la administración, entre los años 1998 y 2022, es de 750,8 millones de euros.
Según Francisco Llopis y Manuel Trigo, portavoz y vocal de AECOVA-ITV, además en la reunión se planteará solicitar a la Conselleria de Economía Sostenible una prórroga del servicio actual, teniendo en cuenta los meses en los que vieron su actividad paralizada a causa de la crisis sanitaria de la Covid-19.
