Valencia
Las estaciones dedicadas a la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) figuran desde hace más de dos años en la lista de servicios que el Gobierno valenciano quiere volver a asumir directamente. Para ello, la Administración autonómica ha optado por no prolongar el contrato de las siete empresas que se reparten el servicio en su territorio al finalizar el periodo de concesión de 25 años el próximo 31 de diciembre.
Sin embargo, las compañías, entre cuyos propietarios se encuentran multinacionales como Applus, la alemana TUV SUD o la suiza SGS, y fondos de inversión como los de Ahorro Corporación, no renuncian a seguir con una actividad que genera ingresos de cerca de 75 millones de euros anuales, según los datos recogidos en un informe de la Sindicatura de Cuentas regional que auditó el servicio.
La estrategia para ello pasa por conseguir una prórroga del servicio que supondría en la práctica retrasar la reversión. Ese aplazamiento será una compensación que reemplazaría la indemnización a la que debería hacer frente el Gobierno valenciano, por el desequilibrio económico que provocó el cierre de las estaciones durante el confinamiento y las restricciones por el Covid.
La patronal que agrupa a las empresas Aecova-ITV y la Conselleria de Economía han acordado crear una mesa de trabajo para negociar el proceso de reversión y el consejero Rafael Climent se ha mostrado dispuesto a solicitar estudios técnicos y jurídicos sobre esa propuesta. Pero dejando claro que la voluntad del Gobierno formado por socialistas, Compromís y Podemos es que una empresa pública sea la que asuma las estaciones antes o después.
Carrera de litigios
La puerta abierta para esta nueva vía pactada se antoja sin embargo muy complicada. El antecedente de la reversión pública de las concesiones los dos hospitales y departamentos de salud cuya gestión ha retomado la Generalitat Valenciana ha sido un auténtico vía crucis de recursos administrativos y judiciales.
En el caso de las empresas de ITV las disputas con la Administración no son precisamente nuevas. Las concesionarias han ganado en el Supremo un recurso a las tarifas aprobadas por el actual Gobierno autonómico, que incluían recortes en los precios de las revisiones obligatorias de los vehículos. Precisamente como consecuencia de esas sentencias judiciales, las compañías también mantienen abiertas causas en las que reclaman 133 millones de euros más intereses por el dinero no ingresado y los perjuicios ocasionados por esa modificación de las tarifas. En concreto, cifran en 83 millones la indemnización entre 2014 y 2019, que de momento han sido rechazadas por el TSJ valenciana, y en otros 50 millones de ese año en adelante.
Un importe que sumado a la indemnización por el equilibrio financiero de las concesiones en el Covid supondría un importante agujero para la Generalitat y que dejaría en evidencia el argumento del beneficio económico de la gestión directa, la principal razón esgrimida por la Administración.
Según un informe encargado por Economía a una consultora que se utilizó para justificar la reversión hace dos años, la gestión directa podría reportar a las arcas públicas ganancias netas de 39 millones de euros anuales, frente a los 7 millones con el sistema actual o los 19 millones de una nueva concesión. Unos beneficios que desde la Generalitat aseguran que se reflejaría en una bajada de las tarifas.
Sin embargo desde la patronal aseguran que los informes de la Administración incluyen "inexactitudes e incluso "falsedades". Una de las que citan es que el coste laboral medio de los trabajadores se sitúa en 49.500 euros, frente a los 27.380 euros, incluidas las cotizaciones sociales, reflejados en el informe encargado por Economía. Una cifra que sitúa el coste anual de personal en 44 millones, muy por encima de la previsión de la Administración. La subrogación de los 1.016 trabajadores es otro de los asuntos espinosos, por las distintas condiciones de cada empresa.
