Los españoles ya no ahorran tanto como antes en los planes de pensiones individuales (esos que contratan por su cuenta, sin necesidad de pertenecer a ningún colectivo, con el objetivo de ahorrar a largo plazo de cara a su jubilación). El dinero que sale en estos productos supera al que entra sistemáticamente desde 2021. Es uno de los efectos indeseados del golpe a la fiscalidad que tuvieron que encajar estos productos aquel año. Y este ejercicio la tendencia no es diferente: sólo en lo que va de 2025 se han fugado otros 470 millones de euros, con datos hasta mayo.
Ya en el primer trimestre, los planes de pensiones individuales registraron prestaciones netas de 373 millones. Y a esta cifra habría que sumar los reembolsos netos de abril, de 36 millones; y también los de mayo, de 62 millones, según los datos de Inverco. Nada nuevo bajo el sol. El deterioro de la figura de los planes de pensiones individuales empezó en 2021.
Aquel año, José Luis Escrivá, ex ministro de Inclusión, Seguridad Social y migraciones impulsó una reforma integral de la fiscalidad de los planes de pensiones, orientada a potenciar los de empleo sobre los individuales, que contempló una drástica reducción de la desgravación por las aportaciones a los planes de pensiones individuales, que pasó de los 8.000 euros anuales a los 2.000 euros. Al año siguiente, ese máximo volvió a recortarse a sólo 1.500 euros. Desde ese primer recorte, en 2021, las aportaciones a estos productos se resienten y acumulan ya prestaciones netas por valor de 2.800 millones de euros. En cuanto al patrimonio, sí ha crecido, pasando de los 82.014 millones de 2020 a los 91.700 millones de euros -en este crecimiento tiene que ver la revalorización de los activos-.
La reacción de la industria fue contundente entonces: no tenía sentido pegar un hachazo fiscal al producto más usado por los españoles para planificar su jubilación bajo el pretexto de impulsar otro (los de empleo) porque no son vasos comunicantes. También recibió el rechazo de los propios ahorradores. Al mismo tiempo que el plan Escrivá menguó la cantidad deducible en los individuales, aumentó la cantidad deducible con los de empleo, desde los 8.000 hasta los 8.500 euros, lo que eleva el importe a desgravar entre ambos productos hasta los 10.500 euros.
El punto de partida del plan Escrivá es que los planes de empresa no estaban ampliamente instaurados en España y su acceso era limitado. De ahí surgieron también los planes de empleo simplificados, que son vehículos para fomentar el ahorro para la jubilación dirigidos a autónomos, empleados públicos o convenios sectoriales. Ya existen 43 planes de pensiones de autónomos registrados en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones (DGSFP), y se prevé que su oferta siga aumentando para que los cerca de 3,4 millones de autónomos que hay en España puedan beneficiarse de este nuevo instrumento de ahorro. Quizás le interese: Solo el 10% de los ocupados en España cuenta con un plan de pensiones de empleo.
"La jubilación para este tipo de trabajadores suele convertirse en un problema si no se cuenta con un plan de ahorro, teniendo en cuenta que la pensión pública de estos profesionales suele ser muy inferior a la de un asalariado, al haber cotizado por bases más bajas", recuerdan en el Observatorio Inverco. "Según los últimos datos de la Seguridad Social, correspondientes al mes de marzo, la pensión media de jubilación para un trabajador autónomo en España se sitúa en 1.007,1 euros mensuales, mientras que la de un asalariado alcanza los 1.662,3 euros. Esta diferencia significa que los autónomos cobran, de media, aproximadamente un 39% menos que los asalariados durante toda su jubilación, lo que refleja una brecha que no puede ignorarse", añade.
Hasta el año pasado, las salidas de dinero también superaban a las aportaciones en el caso de los planes de pensiones de empleo. Esta tendencia sí que cambió el año pasado, cuando lograron aportaciones netas por valor de 170 millones de euros.
¿Qué pasa con el fondo público de pensiones?
El plan Escrivá incluía también la creación de un fondo público de pensiones. El marco jurídico para su desarrollo llegó en junio de 2022, y la adjudicación de las cinco gestoras que administrarían los 15 vehículos de ahorro un año más tarde, en julio de 2023. Por el camino muchos escollos que han impedido su puesta en marcha real. A principios de mayo, se produjo incluso la dimisión en bloque de cinco miembros del Gobierno de este fondo público. Su decisión tuvo lugar después de que en este largo periodo de tiempo no se haya suscrito ningún plan.