El Gobierno nombró el 14 de noviembre de 2023 a los 13 miembros que constituían hasta hoy la Comisión de Control Especial de seguimiento de los planes de pensiones de empleo de promoción pública. Más de un año y medio después, los cinco integrantes elegidos por el Ministerio de Seguridad Social han comunicado esta mañana su dimisión en bloque, según ha podido saber elEconomista.es por fuentes del órgano. Estos han tomado esta decisión después de que en este largo periodo no se haya adscrito ningún plan y en consecuencia, no haya contribuido al objetivo para el que fue constituido en un primer momento: servir de complemento a la pensión pública al fomentar el ahorro privado. El hecho de que el fondo permanezca desierto implica que ninguno de ellos ha recibido ninguna remuneración.
Fuentes del Ministerio de Seguridad Social confirman la información, aunque restan importancia a este giro y lo encuadran en un comportamiento "habitual". Esta noticia se ha transmitido a los integrantes de la comisión a media mañana en un comunicado en el que se detallaba que se iniciará el proceso de selección de los sustitutos a través de un concurso público. Según ha podido saber este periódico, uno de los cinco miembros ya había renunciado al cargo hace unos meses y varios de ellos, habían manifestado su descontento ante la paralización del fondo en el que cinco gestoras se habían comprometido a gestionar los 15 vehículos de ahorro.
En el mes de octubre, el Gobierno publicó un Real Decreto con el que modificaba el reglamento para eliminar trabas a su desarrollo, algunas de ellas hacían referencia a la remuneración de los integrantes de la comisión que no comenzaría a abonarse hasta que el fondo no sumara 1.000 millones de ahorro. Según explicaba dicho decreto, no es habitual que estas figuras reciban una contraprestación por ejercer esta función en los fondos privados, pero en este caso la retribución sí se ofrece: está ligada a la asistencia a las reuniones y tiene en cuenta la evolución del número de vehículos de ahorro.
Sin embargo, todavía no ha entrado ninguna aportación y el fondo sigue paralizado. Por ello, esta decisión no ha sorprendido a los integrantes consultados por este periódico que hacen referencia al proceso estricto de selección de los candidatos, al régimen de incompatibilidades y a la prohibición de desarrollar en los dos años siguientes una actividad relacionada. La única función del organismo era supervisar estos planes y dado que no se ha incorporado ninguno, este llevaba meses sin reunirse.
Inicialmente, Rocío Eguiraun Montes (ex consejera delegada y ex presidenta de Bankia Pensiones EGFP y Bankia Fondos SGIIC), Lorenzo Esteban Jódar (ex subdirector general de Planes y Fondos de Pensiones en la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones), Francisco Javier Garayoa Arruti (ex director general Spainsif), Xabier Ibars (ex subdirector financiero en Nestlé España) y Virginia Oregui Navarrete (ex gerente general de GEROA PENTSIOAK EPSV ), fueron los elegidos por el Ejecutivo junto a cuatro representantes nombrados a propuesta de los sindicatos CCOO y UGT y otros cuatro seleccionados por la patronal, CEOE y Cepyme por un periodo máximo de seis años.
Tanto estos, como los que ocupen su puesto tendrán que poseer al menos cinco años de experiencia profesional en la gestión de fondos de pensiones o en otras actividades relacionadas que garanticen el suficiente conocimiento; tener capacidad de supervisión y gestión, y no incurrir en incompatibilidades ni en situaciones de conflictos de interés, según la Ley 12/2022 de regulación para el impulso de los planes de pensiones de empleo. Además, deben actuar con "plena independencia" y en defensa de los intereses de las personas partícipes y beneficiarias al desarrollar estas funciones.
Todavía se desconocen los tiempos en los que se va a llevar a cabo este relevo, no obstante, las dudas sobre la viabilidad del modelo diseñado por el actual gobernador del Banco de España, José Luis Escrivá, son compartidas por los miembros nombrados a propuesta de los agentes sociales. Las fuentes consultadas hacen referencia a que la mayoría de sectores no encontrarán interesante integrar su plan de empleo dentro de este esquema público por "perder control" sobre su seguimiento al delegar en esta comisión su evaluación. Esto se suma a que no es una vía en la que se esté avanzando dentro de la negociación de convenios, ya que solo la Construcción ha sido capaz de sacar adelante un plan sectorial y en otros que lo han intentado, hay resistencia entre los sindicatos.
De hecho, algunos de ellos veían la recuperación del plan de los funcionarios (suspendido desde el 2011) como único flotador de este modelo. La idea inicial era recuperarlo en esta legislatura, algo que ha sido inviable hasta el momento debido a que el Gobierno no ha conseguido sacar adelante unos Presupuestos Generales desde las últimas elecciones.
Del lado de las gestores, la situación también es complicada porque asumieron el compromiso de reunir 2.500 millones de ahorro en tres años a contar desde la entrada del primer plan a este fondo. El Gobierno formalizó el contrato con VidaCaixa, Caser, Gestión de Previsión y Pensiones -perteneciente a BBVA-, Ibercaja y Santander en septiembre 2023 para que fueran las gestoras de estos 15 vehículos de ahorro con el objetivo de que cada una de ellas captase 500 millones destinados a la jubilación. Así depositaba en ellas la responsabilidad de promocionar estos planes, si bien, todas tienen presente el riesgo que supone la inclusión del primer plan puesto que activaría la cuenta atrás para lograr este objetivo de ahorro.
