Madrid
A comienzos del mes de julio del año pasado se hizo público oficialmente a través de la CNMV el interés por parte de la familia fundadora de Grifols, junto con el fondo de capital riesgo Brookfield de aliarse para lanzar una opa sobre todo el capital no controlado de la compañía y excluirla de bolsa, lo que disparó una cotización que estaba muy penalizada tras el informe de Gotham de comienzos de año en el que se les culpaba de falsedad contable, entre otras irregularidades.
Esta opa, que finalmente fue abandonada al considerar la familia que el precio ofrecido por el fondo de inversión, 10,5 euros, infravaloraba por mucho a la compañía teniendo en cuenta también las valoraciones de las casas de análisis, tenía una particularidad importante al tener la compañía dos tipos de acciones, una con derechos políticos, la A, y otra sin ellos, la B, que cotizan con precios distintos.
Entonces, tal y como señalaron los informes de varios bancos de inversión, sin cambiar los estatutos de la compañía no se podría lanzar una opa con precios distintos para cada uno de los títulos, lo que conllevó un mayor rebote, lógicamente, de la acción B, la cual cotizaba con un amplio descuento frente a la A. Aun así, nunca se llegaron a igualar en el mercado.
Desde ese momento, se llegó a abrir una diferencia de evolución de más de 8 puntos a favor de la acción sin derechos políticos ante la posibilidad de que finalmente se lanzase una opa común a ambas. Sin embargo, tras decaer la operación incluso antes de formalizarse a finales del mes de noviembre, la evolución de la cotización de una y otra no ha vuelto al punto de partida y todavía quedan más de 4 puntos porcentuales por cerrarse tras ajustar casi un 5%.
De cara al inversor, esto podría ser un argumento para, si se decide invertir en la biofarmacéutica, hacerlo a través de la acción A, pues debería seguir haciéndolo mejor que la B hasta terminar de corregir el desajuste derivado de la opa. No obstante, este argumento no es el único. Aunque las dos acciones reciben una recomendación de compra por parte del consenso de analistas que recoger FactSet, la que cuenta con los derechos políticos ofrece un mayor potencial alcista.
Después de una revalorización de la acción de más de un 14% desde el primero de enero ante la clara mejoría de su balance y la previsión de que su negocio principal vuelva a la normalidad (además de la operación corporativa sobre su filial alemana Biotest que acaba de finalizar para excluirla de bolsa), el consenso cree que todavía puede rebotar otro 50% hasta los 15,9 euros donde se sitúa el precio objetivo medio a 12 meses. Esto son casi 20 puntos porcentuales más que el recorrido que le dan los analistas a la acción secundaria hasta su valoración justa.
Gran parte de esta mejoría reciente se explica por la reacción al Capital Markets Day que celebró la compañía a finales de febrero, en la que anunció el objetivo de incrementar sus ingresos en un 7% este año y alcanzar los 10.000 millones dentro de cuatro. Asimismo, comunicó que tras dos años suspendidos, recuperaba la remuneración al accionista a partir de este mismo curso. Otra de las consecuencias ha sido que el mes pasado Moody's mejorase la calificación crediticia de su deuda de B3 a B2 con perspectiva positiva, aunque todavía en zona de bono basura.
"Tras la mejora de este rating, prevemos una mejora de los flujos de caja en los próximos años, apoyada también por una situación económica mejor de la prevista en EEUU con los aranceles, con lo que esperamos que la acción siga haciéndolo mejor que el mercado", explican en Barclays. En este contexto, el consenso ya apunta este año a triplicar el beneficio neto del pasado y situarlo en los 478 millones. De cara al año que viene la previsión supera los 622 millones, un 30% más.